Al contrario de lo que ha sucedido con algunas otras cuestiones en el Texto refundido de la Ley Concursal, la regulacin del beneficio de exoneracin del pasivo insatisfecho (BEPI) no ha recogido el testigo de la evolucin que haba tenido esta figura en la jurisprudencia reciente del TS. As ocurre con una cuestin tan relevante como la del crdito pblico. El autor plantea esta y otras cuestiones en el panorama legislativo actual, de derecho comparado, y alumbra esperanza con la reforma que pueda traer la transposicin de la Directiva pendiente en esta materia.

La evolucin del sistema concursal arranca en sus orgenes con la simple ordenacin y prelacin de crditos hasta alcanzar, en la actualidad, un propsito social y econmico mucho ms complejo: viabilizar una salida jurdica y financiera correcta al problema de insolvencia que habilita el concurso de acreedores. Desde ese enfoque, la figura del mediador concursal se erigi con la reforma de 2013 en el protagonista del acuerdo extrajudicial de pagos. No obstante, el tiempo y el nuevo Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, hacen imperativa la reflexin sobre el presente y futuro de este actor sin el cual, hoy, es imposible comprender el horizonte del Derecho Concursal.

La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el mbito de la Administracin de Justicia, confiere un nuevo giro a la regulacin de la enajenacin de la masa activa en el concurso. No obstante, y pese a lo que pueda pensarse, la regulacin no aporta nada sobre la normativa ya existente. Un viraje legal con el que el legislador evidencia que tiene problema con la realizacin de los bienes y derechos del concursado pero que, todava, no sabe cmo resolverlo.

Se plantea en el presente supuesto la doctrina establecida por la STS de 11 de junio de 2020 en relacin con la forma de agotamiento de la va administrativa por parte de las Administraciones Pblicas cuando la relacin jurdico-administrativa que se sustancia en la va contencioso-administrativa tiene como partes a dos Administraciones Pblicas.

La tesis fundamental de la STS es que es preciso diferenciar el papel de las AA.PP en funcin de que acten en el mbito del proceso como una Administracin sujeta al poder de imperium o cuando la misma Administracin acta en una relacin de derecho comn — en este caso la de beneficiario de una subvencin pblica— en la que no ejerce poderes de imperium sino que se sita en un plano que no es el propio de la Administracin y que determina que el rgimen de recursos-reclamaciones y agotamiento de la va administrativa no est sometido al rgimen especfico de las Administraciones Pblicas.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2017 resolva la validez de la clusula IRPH, estableciendo la superacin del control de transparencia y su no sometimiento al control de abusividad. Si bien, el Tribunal de Justicia de la Unin Europea en su Sentencia de 3 de marzo de 2020 ha generado ciertas dudas atinentes a la transparencia y abusividad de la citada clusula. En el presente artculo analizaremos los principales pronunciamientos jurisprudenciales hasta la fecha, concluyendo que la tendencia mayoritaria aboga no solo por la validez de la clusula sino por la superacin de los mentados controles. Como apartado final, examinaremos un hipottico escenario de declaracin de nulidad de la clusula IRPH y, en consecuencia, el ndice de referencia sustitutivo a aplicar.

El fenmeno de las ocupaciones pacficas de viviendas en Espaa supone un desafo a nivel econmico, social y jurdico. Las dilaciones y la amplitud con la que la legislacin civil permite al propietario recuperar su inmueble estn provocando un trnsito de la jurisdiccin penal a la civil. Un cambio que no tiene en cuenta los principios que caracterizan a cada jurisdiccin y que motiva que el ejercicio de acciones en la va judicial por parte de los propietarios dependa de criterios de eficacia y celeridad.

La suspensin de los contratos obedece a la finalidad de ajustar el volumen de plantilla a la actividad efectiva de la empresa, y carece de toda lgica suponer que el excedente coyuntural plantilla desaparezca por el hecho de que los servicios se presten en rgimen de teletrabajo.

El Acuerdo regula permisos que no estn previstos en el ET ni en la norma colectiva aplicable y ampla en otros el nmero de das, pero precisando que sern das naturales, lo que permite delimitar el alcance de estos permisos.

Matiza la sentencia que aun en el caso en que no exista vulneracin de las competencias estatales, las normas tributarias autonmicas solo son aplicables a los tributos propios de la comunidad autnoma, - y no a los tributos cedidos-.

La presentacin extempornea es una infraccincon consecuencias legales pero implica la prdida de beneficios, exenciones, facultades u opciones recogidas en la autoliquidacin, mxime en un caso como el analizado en el queHacienda cont desde el primer momento con los elementos necesarios para la liquidacin y compensacin pretendidas, cuyas cifras ni siquieracuestion.

Publicado el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Pblicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, su finalidad principal es asegurar el normal funcionamiento de las Administraciones Pblicas, impulsando una nueva forma de organizacin y estructuracin del trabajo para el mejor servicio a los intereses generales.

La comprobacin del Impuesto sobre Sociedades por parte de la Inspeccin de Hacienda es un elemento esencial en las actuaciones realizadas por la AEAT, ya que de su resultado depende el poder indentificar posibles irregularidades fiscales en la empresa.

La sentencia destaca que la salida a Bolsa cont con la aprobacin de todos los supervisores, Banco de Espaa, CNMV, FROB y EBA.

El apartado suspendido dispone que se tomar como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV y no computar, en ningn caso, la prrroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaracin del estado de alarma.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educacin y Formacin Profesional (MEFP), ha aprobado un Real Decreto Ley que permitir, de manera excepcional y temporal, la contratacin de docentes que cumplan con todos los requisitos pero que an no hayan cursado el mster especfico que les habilite para ello, segn anunci el pasado jueves la ministra de Educacin y FP, Isabel Cela.