En este nuevo artculo de “Cuestiones de Prctica Concursal”, el magistrado Alfonso Muoz Paredes analiza la evolucin legislativa y jurisprudencial de los conceptos de imprescindibilidad, postergacin y prededucibilidad de los crditos contra la masa. En concreto, se plantea las siguientes cuestiones: El crdito “prededucible” tiene el mismo alcance material que el “imprescindible”? El crdito “prededucible” necesita tambin autorizacin judicial? El crdito “prededucible” es solo propio de una insuficiencia no comunicada o tambin de una suficiencia sin liquidez? Y nos da su visin, con especial atencin a la reciente STS de 15 de septiembre de 2020.

Este trabajo analiza las medidas tecnolgicas para afrontar los efectos que la pandemia por Covid-19 est teniendo sobre el sistema judicial, que cabe agrupar en tres categoras. En primer lugar, para afrontar la crisis sanitaria: medidas para proteger la salud de quienes se relacionan con la Administracin de Justicia y de quienes trabajan en ella (realizacin de trmites y suministro de informacin por va electrnica, juicios telemticos, teletrabajo y deliberaciones telemticas). En segundo lugar, para hacer frente a la crisis econmica: medidas para afrontar la nueva demanda de justicia, es decir, las nuevas necesidades de respuesta judicial derivadas de la pandemia (automatizacin de actuaciones procesales, inteligencia artificial y plataformas online de resoluciones de litigios) Y, por ltimo, para abordar la crisis o dislocacin social: medidas para facilitar el acceso a la justicia de las personas vulnerables, a quienes est afectando de manera despro porcionada la justicia, abordando la brecha digital.

Los contratos son fuente de obligaciones y, como consecuencia de ello, han de ser cumplidos siempre, atendiendo al principio pacta sunt servanda. No obstante, se ha construido jurisprudencialmente una matizacin a travs de la clusula rebus sic stantibus, una institucin que goza de mucha actualidad y que la Audiencia Provincial de Barcelona analiza, examinando sus requisitos de aplicacin, concretamente la imprevisibilidad.

El presente comentario centra su atencin en analizar las formalidades tanto legales como convencionales exigidas en la comunicacin del despido disciplinario y cuya inobservancia puede conducir a la declaracin de su improcedencia.

La recusacin constituye un acto procesal en virtud del cual, la parte pone de manifiesto la concurrencia, en el rgano competente para conocer del asunto, de alguna de las causas taxativamente enumeradas en el art. 219 LOPJ, que pueden afectar a la imparcialidad de dicho rgano y, en consecuencia solicita que se aparte del asunto al Magistrado, al LAJ o a otro funcionario. La recusacin debe ser utilizada de manera cautelosa pues su empleo, automticamente proyecta sobre Juez, el LAJ u otro operador jurdico, la sombra de la duda sobre su quehacer jurdico. Sin embargo, a veces se utiliza esta institucin procesal de manera reiterada e indiscriminada por alguna de las partes (buscando generalmente fines dilatorios), presentando en cascada escritos de recusacin a la vez, contra Magistrado y LAJ que tramitan causas de manera confusa y farragosa para presuntamente suspender y paralizar el curso de las actuaciones. En estos casos, y dada su reiteracin, existen diversas posibilidades de actuacin.

El Tribunal Supremo declara que cuando durante la comisin de la infraccin se ha producido una sucesin de normas que contenan distintos plazos de prescripcin, es el existente en el momento en que se consum la infraccin, esto es, cuando finaliz la conducta infractora, sin que ello implique una aplicacin retroactiva de dicha norma.

En las caractersticas del riesgo se consigna como actividad la de exposicin de automviles y como situacin del riesgo el local del asegurado reflejado como su domicilio en los contratos en virtud de los que se le depositaron los automviles.

Imponer al tomador del seguro la genrica obligacin de manifestar, en el momento de suscribir la solicitud de seguro, cualquier tipo de lesin, patologa congnita, enfermedades, pruebas diagnsticas, tratamientos e inclusive la sintomatologa que pudiera considerarse como el inicio de alguna patologa, supone una obligacin de mucha mayor extensin que el deber impuesto al tomador del seguro por el art. 10 LCS.

Por ms que la actividad se desarrolle en centros residenciales, no ha quedado acreditado que el contagio sucediese en el lugar de trabajo.

Con el objetivo de convertirse en un lugar de encuentro de profesionales expertos y preocupados por el Compliance, donde intercambiar dudas y conocimientos y reflexionar sobre el presente y el futuro del Compliance, nace el Compliance Forum de la Fundacin Wolters Kluwer, en colaboracin con Cumplen.

El procedimiento administrativo referido a actos de gravamen estaba tradicionalmente asentado en un principio de ejecutividad cuya suspensin en va administrativa era por lo general una quimera.

La doctrina legal ms reciente viene fijando precisos lmites a ese totmico principio de ejecutividad: si hay recursos pendientes de resolver hay que resolverlos y no puede proseguirse como si no existiera tal exigencia; si se ha solicitado un aplazamiento o fraccionamiento hay que contestar a la peticin y no dictar providencia de apremio; … Va desapareciendo el viejo ttem que identificaba la ejecutividad del acto administrativo con la esencia del Derecho Pblico. El camino es largo, pero se est recorriendo a buen paso.

Modificacionesintroducidas en la Ley General de la Seguridad Social por el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidacin de medidas sociales en defensa del empleo.

Desarrolla los aspectos relativos a las autoridades competentesen materia de seguridad de las redes y sistemas de informacin, la supervisin del cumplimiento de las obligaciones de seguridad de los operadores de servicios esenciales y de los proveedores de servicios digitales e incluye la Instruccin nacional de notificacin y gestin de ciberincidentes

Afirman que el Gobierno es "consciente" de que los impuestos recaern en la clase media.

Las relaciones vecinales y la convivencia en una comunidad de propietarios son siempre caldo de cultivo de problemas y conflictos en condiciones normales, de manera que si a los problemas habituales le aadimos los derivados de confinamientos domiciliarios y restricciones que afectan al mbito privado, la situacin se agrava todava ms.

La tasa de basuras presenta grandes diferencias de precio entre ciudades, que oscilan desde los 190 euros de San Sebastin a los 30 euros de Soria o Alicante, algo que para la Organizacin de Consumidores y Usuarios (OCU) no tiene "justificacin" por razones de mayor satisfaccin con el servicio sino que considera que son "arbitrarias".