Organizada por la Asociación de Letrados del Tribunal Supremo (ALTS), tendrá lugar el próximo día 12 de junio en el Ateneo de Madrid.

En los últimos años el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la posibilidad de invocar, al tiempo de recurrir sanciones administrativas, defectos en actos firmes previos con los que tales sanciones se encuentren íntimamente vinculadas. Ello ha sido especialmente relevante en relación con las sanciones tributarias, pues en muchos casos las mismas se encuentran estrechamente vinculadas con liquidaciones dictadas por la AEAT que han quedado firmes al no haberse recurrido (o haberse recurrido extemporáneamente). El trabajo revisa la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre el particular, realizándose al respecto consideraciones críticas.

La lealtad constitucional debe presidir las relaciones entre las diversas instancias de poder territorial en España, constituyendo un soporte esencial para el funcionamiento del Estado Autonómico, de observancia obligada y, asimismo, uno de los principios vertebradores de las relaciones interadministrativas.

La autora analiza si un atropello intencionado puede considerarse un "hecho de la circulación" y estar cubierto por el seguro. Aunque el seguro obligatorio excluye los actos dolosos, el seguro voluntario sí protege a la víctima, permitiendo luego a la aseguradora reclamar al culpable. La jurisprudencia, influida por el TJUE, ha ampliado el concepto de "hecho de la circulación" incluso a usos dolosos del vehículo. Esto mejora la protección a las víctimas, pero genera inseguridad jurídica y plantea la necesidad de una reforma legal.

Los fondos de litigación constituyen una herramienta financiera que permite a empresas y particulares afrontar procesos judiciales sin asumir directamente los costes ni los riesgos económicos asociados. Esta modalidad, ha empezado a ganar terreno en España, especialmente en sectores estratégicos como energía y competencia. El modelo permite externalizar gastos legales, transformando reclamaciones en activos. Sin embargo, la falta de regulación específica puede generar inseguridad jurídica y conflictos de intereses entre financiadores y litigantes.

El curso dará inicio el 12 de junio y los clientes de Aranzadi LA LEY podrán beneficiarse de un 15% de descuento en la matrícula.

Las Administraciones Públicas deben ser un referente en responsabilidad proactiva, evitando las cláusulas genéricas sobre protección de datos personales.

La Ley 35/1995 de ayudas y asistencia a víctimas de delitos violentos fija cuantías que suponen la mitad de las previstas en el régimen del seguro obligatorio.

Es intrascendente a efectos de determinación del dies a quo del cómputo del plazo de prescripción el que pudiera omitirse la lectura del correo, por ser ya cuestión tan sólo dependiente del destinatario de la comunicación, ajena a la aseguradora.

Junto al criterio de vencimiento objetivo, la norma contempla una excepción por la existencia de serias dudas de hecho o de derecho, y en este caso se exige una motivación específica por parte del órgano judicial.

No se trata de la imposibilidad de realizar cualquier tarea, sino la de llevarla a cabo con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia, en régimen de dependencia con un empresario durante toda la jornada laboral.

En la sesión de abril de Jubilare se abordaron los beneficios que para las personas mayores ofrece el retorno a las aulas universitarias, ya a través de programas especializados o en asignaturas integradas en carreras, que les permiten convivir con alumnos jóvenes y comprender el mundo de sus nietos. La satisfacción es enorme, pero advierten que, aunque a veces necesitan apoyo, no quieren un trato paternalista.

La ley clasifica todo el territorio costero valenciano en tres tipos de espacios en función del grado de protección que merecen: la de protección ambiental, la de mejora ambiental y paisajística y la de reordenación; estableciendo en cada uno de ellos los usos permitidos, usos prohibidos y usos sujetos a intervención y, entre estos últimos, los sujetos a declaración responsable y los sujetos a autorización. Por otra parte, y de modo singular, establece un régimen especial para los núcleos costeros tradicionales que existen en la Comunitat Valenciana, que son identitarios y muy asociados a la fachada marítima tradicional valenciana y que de una u otra manera vienen teniendo condicionada su pervivencia por la falta de un régimen específico y singular que compatibilice la protección del dominio público costero con la conservación de unos elementos con un valor etnológico indubitado que justifica la creación de esta herramienta legal, al menos desde el ámbito autonómico y por lo que comporta de ordenación territorial.

La iniciativa incluye medidas destinadas a poner coto a los pisos turísticos, incentivar la bajada de los alquileres y asegurar el parque público de vivienda.

EL Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado "que es ilegal y discriminatoria" la exclusión de las limpiadoras sin perfil lingüístico de los albergues de la Diputación foral de Gipuzkoa, según ha informado el sindicato CCOO.

Casi cuatro años después recupera el número mínimo de miembros en servicio activo que exige por la ley.

• • Las entidades públicas pueden ser víctimas de conductas anticompetitivas por parte de las empresas con las que contratan.
• • Como cualquier afectado, el sector público puede reclamar una compensación a las empresas infractoras por los daños sufridos, aunque no es una práctica habitual.
• • La manipulación de las licitaciones es especialmente dañina y puede tener un elevado impacto sobre las cuentas públicas.
• • Hasta el 18 de julio, los interesados pueden presentar sus comentarios sobre la situación a la que se enfrenta del sector público cuando emprende estas reclamaciones.

En concreto, recopilará los comentarios y las publicaciones compartidos de manera pública por los usuarios adultos en su Facebook e Instagram, pero también las interacciones con Meta AI, que también está disponible en WhatsApp. Deja fuera los datos de los menores y de los mensajes privados.

La Comisión Europea ha acusado este lunes a la tienda online de bajo coste Shein de fraude a sus clientes por anunciar falsos descuentos, entre otras irregularidades que investiga formalmente desde el pasado febrero; por lo que da un plazo de un mes para responder con compromisos que resuelvan los problemas antes de que las autoridades nacionales competentes puedan decidir posibles sanciones.

En declaraciones a los periodistas antes de la apertura del II Congreso Ordinario de UGT Servicios Públicos Andalucía, el líder de UGT ha asegurado este martes que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas es "un objetivo irrenunciable".