Qu cambios exige nuestro proceso penal para dar una respuesta eficaz al previsible colapso judicial sin merma de derechos? Qu posibilidades y qu limitaciones tendr una futura Justicia digital? Hacia dnde debe dirigirse nuestro Derecho penal para responder a la realidad del siglo XXI? Estas y otras cuestiones sern objeto de debate por cuatro destacados especialistas en la tercera sesin de la serie de wbinars "Plan de choque de la Justicia. Dilogos para el futuro judicial" que en esta ocasin lleva el ttulo "La modernizacin de nuestra Justicia Penal".

Tal como se tendr ocasin de observar, el sistema legal espaol en materia de urbanismo y ordenacin del territorio, dentro del Derecho administrativo, no es especialmente proclive a llevar a cabo demoliciones, aunque tampoco es necesario profundizar en extremo para percatarse de esa realidad. La va abierta por el Cdigo Penal en vigor para los delitos relativos a esa materia permite, igualmente, llevar a cabo demoliciones, si bien lastradas por idntica negativa tendencia. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sito en Estrasburgo, en tema de demoliciones no slo nos demuestra que esa medida es perfectamente vlida, desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que resulta, adems, incluso conveniente.

El proceso penal por delitos contra la propiedad intelectual encuentra mltiples especificidades en los supuestos en que la infraccin tiene lugar mediante servicios prestados por la sociedad de la informacin, esto es, la investigacin y prueba de las diferentes modalidades de lo que se ha venido denominando “piratera digital”. En este trabajo se analizarn las principales fuentes de prueba de la piratera que tiene lugar en la sociedad de la informacin, los medios de investigacin que pueden utilizarse y lo que ha de ser objeto de prueba.

En este trabajo se atiende a la sentencia de la Sala 2 del Tribunal Supremo nm. 814/2020 en la que se ha confirmado la utilidad de las neurociencias y de sus pruebas diagnsticas dentro del proceso penal. Se toman en consideracin las tesis doctrinales favorables y contrarias al empleo de las neurociencias en este mbito y se concluye con una mirada expectante y favorable a su uso, siempre y cuando se respeten la categora dogmtica de la culpabilidad y las garantas y derechos procesales fundamentales.

Desborda la competencia exclusiva del Estado en la materia al introducir un concepto jurdico, como el de “mismo mbito lingstico”, que resulta ajeno a la norma estatal aplicable, constituida por el art. 15.3 LPAC.

El incumplimiento de la obligacin legal de depositar las cuentas no constituye una de las causas legales de disolucin de la sociedad, ni con base en dicha conducta omisiva puede presumirse la paralizacin de la sociedad o la imposibilidad de cumplimiento del fin social.

El Tribunal Superior de Justicia confirma lo improcedente de la deduccin del 100% de la cuota de IVA soportada correspondiente, en este caso, a las cuotas de renting decinco vehculos de alta gama al no quedar acreditado el requisito del que parte el art 95 de la Ley 37/1992, deafectacin directa a la actividad empresarial del reclamante.

El curso “Garantas para la independencia de la Justicia” tendr lugar los das 27 y 28 de julio en el campus de El Escorial de la Universidad Complutense de Madrid.

En el mismo periodo, las hipotecas constituidas bajaron el 25,8%, menos de la mitad que las compraventas.

La presente monografa pretende desgranar las claves del texto refundido mediante una radiografa completa —a cargo de Alfonso Muoz Paredes— que trata de poner luz sobre el nuevo marco regulatorio concursal.

La Sala de lo Social entiende que esa funcin no excede del mbito competencial de estos profesionales. La sentencia desestima la demanda de conflicto colectivo interpuesta por una federacin sindical.

El Gobierno y los agentes sociales intensificarn de inmediato el dilogo social para buscar acuerdos sobre estas medidas.

En ambos casos, los recurrentes pedan la anulacin de dicha clusula.