El impacto del COVID-19 sobre los poderes e instituciones fue especialmente grave para nuestra Administracin de Justicia. Resultado de los efectos paralizadores ocasionados por la pandemia, el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, busc introducir herramientas e instrumentos de ndole normativa y organizativa que pudiesen, al menos, paliar transitoriamente los efectos de la crisis sobre los procesos jurisdiccionales en marcha y aquellos otros que traeran causa de las consecuencias sociales y econmicas del virus. No obstante, la convalidacin del instrumento legislativo de urgencia, las Cortes Generales otorgaron tramitacin legislativa a un proyecto de ley que, finalmente, aprobado con una amplia mayora parlamentaria, tom forma en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el mbito de la Administracin de Justicia. Una ley que sirve de primera piedra para un ambicioso Plan de Choque y que revela un escenario futuro para la Justicia espaola post-coronavirus.

En tiempos de COVID-19, del mismo modo que es necesario potenciar los pagos mediante transferencia bancaria, se ha de dar la publicidad necesaria de la normativa sobre ingresos en la cuenta de depsitos y consignaciones, para favorecer que los ciudadanos y usuarios de la justicia puedan realizar los mismos con la mayor facilidad posible, evitando desplazamientos innecesarios a las sedes bancarias o a los rganos judiciales para buscar la informacin. As el ingreso mediante transferencia debe potenciarse, as como el uso de cajeros electrnicos, evitando al mximo el desplazamiento a las sucursales bancarias.

En el presente trabajo examinaremos una Fiscala muy especial, pues, sin estar compuesta por miembros de la Carrera Fiscal, en cambio es parte del Ministerio Fiscal y depende del Fiscal General del Estado: la Fiscala Jurdico Militar. Examinaremos, entre otras cuestiones, sus antecedentes, su configuracin actual y sus principios de actuacin.

Han transcurrido ms de catorce aos desde que en enero de 2006 se adoptaron las Reglas Penitenciarias Europeas,(en adelante RPE)., cuando se dict la Recomendacin (2006) 2 del Comit de Ministros del Consejo de Europa, consultar en https://rm.coe.int/16804cc2f1, parece que dado que en ese intervalo de tiempo transcurrido desde el establecimiento de las RPE hasta hoy se han producido avances considerables en el funcionamiento de la administracin penitenciaria de los estados miembros del Consejo de Europa y las prisiones de aquellos, como consecuencia de la aplicacin de lo dispuesto en las RPE. por los estados miembros, y el seguimiento de la aplicacin de las RPE en el mbito del Consejo de Europa por parte de los organismos encargados de ello, y que durante el mismo intervalo de tiempo se ha dado una asuncin de una nueva realidad por parte de la sociedad en general, los sujetos de derecho, es decir las Organizaciones Internacionales los estados, especialmente en los estados m iembros del Consejo de Europa, cual es la cristalizacin, en la prctica y en la normativa penitenciaria, de la demanda social del respeto a los derechos humanos en el mbito penitenciario de tal manera que forme parte esencial del ncleo duro que ostenta el nivel ms elevado de proteccin y de promocin de los derecho s humanos y libertades fundamentales, y como est corriente en su amplio espectro se encuentra en un proceso de plena transformacin se haca necesario evolucionar y no quedar limitados por lo dispuesto en las RPE adoptadas en 2.006, sino desarrollar aquellas para conseguir una renovada proteccin de los derechos humanos en Instituciones Penitenciarias, y pasar a una nueva fase en la promocin de la dignidad humana en el mbito de las Instituciones Penitenciarias de acuerdo a las nuevas exigencias de la sociedad y a los estndares evolucionados de respeto a los derechos humanos en cualquier mbito.

La previsin social complementaria se configura como un elemento nuclear del acompaamiento al trabajador en el proceso de envejecimiento en la empresa. Reproducimos a continuacin uno de los estudios incluidos en la obra “El envejecimiento como riesgo empresarial”, elaborada por la Escuela de Pensamiento de Fundacin Mutualidad Abogaca.

El vendedor transmite una unidad patrimonial integrada por todos los elementos que utiliz para el ejercicio de la profesin de taxista, resultando completamente irrelevante al respecto el concreto vehculo con el que realizaba -antes de su jubilacin- su actividad

Esa circunstancia no determina, por s sola, que se extienda al distribuidor la responsabilidad del fabricante. No es aplicable la doctrina del levantamiento del velo ya que en materia de responsabilidad por productos defectuosos, la normativa establece un mecanismo especfico para solucionar los casos de posible confusin entre matriz y filiales. Para valorar que distribuidor y fabricante son el mismo sujeto sera preciso quecareciesen de autonoma y quela matrizcontrolase la fabricacin ypuesta en circulacin de los productos elaborados por las distintas empresas del grupo.

Aunque la concreta pena impuesta ha sido de 1 ao y 10 meses, los dos delitos por los que ha sido condenado el interesado en relacin de concurso medial tienen ambos respectivamente asignada una pena abstracta de 6 meses a un ao y, por tanto, ninguno de estos delitos permite, aisladamente considerados, la aplicacin del art. 57.2 LOEX.

Las reservas notificadas por terceros Estados que tengan por efecto la limitacin en sus territorios del derecho a una remuneracin equitativa, no conducen, en la Unin Europea, a limitaciones del tal derecho.

Las distintas medidas adoptadas en materia de trabajo a distancia pueden tener consecuencias fiscales. As pues, la entrega por parte de la empresa al trabajador de los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de su actividad o la compensacin de los gastos en los que incurra podran tributar en el IRPF, todo ello, sin perjuicio, de su incidencia en cuanto a la residencia fiscal.

Se prohben los pagos en metlico superiores a 1.000 €, el software que permita manipular datos contables y las amnistas fiscales, se establecen nuevas obligaciones de informacin de criptomonedas y se modifican las leyes de los principales impuestos: IRPF, Sociedades, IVA, ITPAJD, ISD, No residentes, Patrimonio, Haciendas locales.

Regula el procedimiento de presentacin e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Transacciones Financieras y las obligaciones de conservar la informacin relativa a este impuesto. Adems, vuelve a contemplar la obligacin de informar sobre la cesin de uso de viviendas con fines tursticos, tras su anulacin por el Tribunal Supremo.

Las Jornadas de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo que la Oficina de Comunicacin organiza desde 2005 se celebrarn este ao de forma virtual debido a las medidas de prevencin de contagios por coronavirus, que impiden la realizacin de actividades presenciales.

La Sala analiza el alcance de las inmunidades y subraya que los recurrentes olvidan que en este caso “no se trata de la emisin de una orden de detencin contra un europarlamentario, sino de la adquisicin de esa condicin por unas personas contra las que, con anterioridad a ese momento, se haban emitidos rdenes de detencin, por la presunta comisin de hechos que podan ser constitutivos de graves delitos”.

El Tribunal no se pronuncia sobre aforos, distancias y horarios en establecimientos y ciertas actividades por no afectar a derechos fundamentales, por lo que no necesitan ser ratificados.

La Unin de Asociaciones de Trabajadores Autnomos y Emprendedores (UATAE) ha reclamado que el nuevo estado de alarma decretado por el Gobierno se acompae de un "programa econmico integral" de apoyo a los trabajadores autnomos y a los sectores ms castigados por la pandemia y las diferentes restricciones.