El próximo mes de septiembre se cumplirá el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Así, con ocasión de esta fecha, y la reforma constitucional del artículo 49 CE, esta edición pretende responder a los interrogantes que el fenómeno de la discapacidad ha dejado abiertos en estos últimos años.

No deja de ser frecuente que, en la resolución y revisión de procedimientos de expulsión del territorio nacional incoados contra ciudadanos extranjeros irregulares, se planteen problemáticas en torno a la incorporación ex novo de hechos que pudieran agravar y justificar la decisión más onerosa posible. Para salvaguardar los derechos constitucionales de que son titulares los extranjeros, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han sentado sólidos —y, en algún caso, discordantes— criterios alrededor de esta cuestión.

Se analiza la Ley de jurisdicción voluntaria, regulada por la Ley 15/2015, de 2 de julio analizando los aspectos más relevantes de dicha ley y su reforma, la Ley 8/2021 de 2 de junio, poniendo especial énfasis en las modificaciones y procedimientos relacionados con la incapacidad, evaluar su impacto en la mejora de los procesos judiciales y la protección de los derechos de los individuos más vulnerables de la sociedad dando básicamente más preferencia a las medidas voluntarias del justiciable y su entorno que las medidas judiciales tan asépticas que se podían dar en la práctica jurídica.

Entre otras medida, se establece la figura del CAIOs (Chief Artificial Intelligence Officer), del que se describen sus funciones, responsabilidades, antigüedad, posición y estructuras de información.

A propósito de una herramienta creada para registrar las preferencias de los usuarios, codificándolas en una cadena compuesta por una combinación de letras y caracteres que se comparte con intermediarios y plataformas publicitarias.

La acción directa contra la aseguradora de la Administración exige no haber acudido previamente a la vía administrativa, pues si el perjudicado se somete voluntariamente a esta y obtiene un pronunciamiento firme, no puede posteriormente acudir a los tribunales civiles para obtener la revisión de actos administrativos.

La posibilidad, prevista en la Ley del Impuesto de Sucesiones, de que el devengo del Impuesto no tenga lugar el día del fallecimiento del causante en la transmisión mortis causa, sino en un momento posterior cuando el título transmisivo contenga una condición, término, o fideicomiso, no es extrapolable a los supuestos en los que la filiación no matrimonial del heredero es posterior al fallecimiento del causante.

La muerte de la paciente fue consecuencia de una dolencia cardíaca que padecía, de la que solo se tuvo conocimiento con posterioridad al fallecimiento. El ginecólogo no tuvo posibilidad de conocer con anterioridad porque, ante la ausencia de antecedentes médicos que aportasen alguna información al respecto, difícilmente podría sospechar que la padeciera.

Permite la adopción de medidas precisas para adecuar los turnos de trabajo y, en el caso de procesos por IT, al desaparecer la obligación de entregar a la empresa los partes de baja, confirmación y alta médica, facilita el conocimiento de un proceso de baja que repercute en la organización del trabajo.

Exigiendo los pliegos la identificación de ciertos perfiles profesionales, no puede omitirse esa información so pretexto de un mejor dimensionamiento del servicio TI.

El titular del órgano de contratación no puede formar parte de la mesa de contratación por la posibilidad de interferencia en las funciones, razonamiento predicable tanto del órgano de contratación que tiene la competencia atribuida normativamente, como del que la tiene atribuida por delegación.

El objetivo general del protocolo, de aplicación a todo el personal de la Administración General del Estado, es el de evitar las posibles situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo en dicha administración y en los organismos vinculados o dependientes de la misma, y afrontarlas de manera efectiva en caso de que éstas lleguen a producirse.

Se modifica la Orden de Cotización para 2024, para actualizar las bases mínimas de cotización con el fin de adecuarlas al SMI vigente.

La transferencia parcial de la competencia prejudicial del Tribunal de Justicia al Tribunal General (cuya capacidad se ha duplicado en los últimos años) permitirá garantizar un mejor equilibrio de la carga de trabajo entre los dos órganos jurisdiccionales).

La cláusula puede tener carácter abusivo cuando, pese a que no exista la certeza de que el consumidor hará uso de esa posibilidad, dichos gastos resulten claramente desproporcionados en relación con el importe del préstamo concedido.

La persona física que pretende hacer valer su derecho a recibir una indemnización, ya sea frente a Europol o frente al Estado miembro al que demanda, debe acreditar la existencia de una «operación de tratamiento ilícita», de un «daño» y de la relación de causalidad entre ambos. Basta con acreditar que se ha producido un tratamiento ilícito de datos en el contexto de una cooperación entre Europol y un Estado miembro en virtud de dicho Reglamento, pero sin que sea exigible acreditar quién es el responsable.

Casi cuatro de cada diez empleados del hogar trabaja sin contrato laboral en España y, por tanto, no están cotizando en la Seguridad Social, según datos recogidos en la 'Guía de Empleados del Hogar', elaborada por el Instituto Santalucía a partir de la última Encuesta de Población Activa (EPA).

El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden ministerial para actualizar las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social hasta los 1.323 euros mensuales, un incremento de 63 euros que tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año y que se ha producido acorde con la última subida del salario mínimo aprobada en febrero.

La Agencia Tributaria ha contabilizado hasta el momento una devolución extraordinaria por un importe que supera los 300 millones de euros en el Impuesto sobre Sociedades ligada a la sentencia del Tribunal Constitucional en la que declara inconstitucional algunas medidas del real decreto-ley aprobado en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy para aumentar la recaudación a través de este tributo.

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