Este artculo obedece a la ponencia que se expuso en las XXIX Jornadas de Extranjera y Proteccin Internacional celebradas, en Madrid, los das 14 y 15 de noviembre y organizadas por el Consejo General de la Abogaca Espaola y el Iltre. Colegio de Abogados de Madrid bajo el ttulo Ultimas Sentencias del Tribunal Supremo (hasta octubre del ao 2019) y pretende sintetizar, la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en esta materia.

El cacheo con desnudo integral en los Establecimientos Penitenciarios, como medida de seguridad interior, cuenta con una detallada regulacin normativa, administrativa y constitucional, si bien conviene hacer algunas consideraciones a tomar en cuenta en un futuro cuando la destinataria es una mujer, atendiendo a la normativa internacional y a la praxis penitenciaria.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea de 3 de octubre de este mismo ao (Asunto Petruchov) ha venido a ratificar la interpretacin objetiva de Luxemburgo respecto del concepto de consumidor. El impacto que esta resolucin pueda tener en la jurisprudencia espaola es slo cuestin de tiempo. Un debate en torno al trmino de consumidor se abre de nuevo.

Alega la empresa que la trabajadora obr con imprudencia temeraria, afirmacin que no ha probado, y, aunque hubiese sido as, las medidas de seguridad han de prever no solo la conducta ms cumplidora del trabajador, sino tambin la conducta imprudente.

La correcta tramitacin del procedimiento sancionador, junto a la existencia de prueba de cargo suficiente, conducen a confirmar la sancin impuesta por indebida cesin de la explotacin de la licencia de taxi a favor de un tercero, al margen de los cauces legales establecidos.

No hay ningn precepto que imponga tal exigencia que, por lo dems, no sera adecuada a la funcin que puede desempear la representacin.

Aunque una discapacidad reconocida del 67% posiblemente implica dificultades para el acceso al transporte colectivo, debe probarse que tales limitaciones alcanzan al menos una valoracin de siete puntos segn el baremo legalmente establecido.

Las indemnizaciones por jubilacin parcial al amparo de un contrato de relevo tienen un perodo de generacin igual al nmero de aos que le restan al trabajador relevado hasta alcanzar la edad ordinaria de jubilacin, lo que las convierte en rentas con un perodo de generacin igual al nmero de aos durante los cuales el trabajador reduce su jornada y su salario, como consecuencia de acceder a la jubilacin parcial.

Es de aplicacin la regla de la utilizacin y explotacin efectivas lo cual implica que lo verdaderamente definitorio de la sujecin al Impuesto de los servicios de publicidad y consultora de marketing que presta BWIN no es dnde radican los destinatarios, sino dnde se utilizan esos servicios.

Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposicin directa, aprobado por Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre.

El establecimiento, que ofreca cachorros de varias razas, dej sin atender a los enfermos poniendo a la venta animales en estado clnico vulnerable, desnutridos y en estado de abandono.

Carlos Lesmes ya se dirigi en enero y julio pasados a los presidentes de ambas Cmaras instndoles a renovar el Consejo, cuyo mandato finaliz el 4 de diciembre de 2018. Tambin en el discurso de apertura del Ao Judicial pronunciado el pasado 9 de septiembre ante el rey hizo referencia a la “grave anomala” que supone el retraso en la renovacin del Consejo.

Recientemente el Centro de Investigaciones Sociolgicas (CIS) ha publicado su estudio “Opinin pblica y poltica fiscal” (XXXVI), que ha permitido conocer qu opinan los espaoles sobre los impuestos que pagan y los servicios que reciben.Gracias a l se ha descubierto que ms del 70% de la poblacin espaola opina que la Administracin de Justicia funciona mal.

Los grandes tenedores, como las entidades bancarias, debern ofrecer un alquiler social obligatorio con una duracin de hasta siete aos antes de interponer una demanda judicial para las familias que acrediten una situacin de vulnerabilidad y se les acabe el contrato de alquiler, se encuentren en procesos de desahucios o bien lleven ms de seis meses ocupando una vivienda sin ttulo habilitante en el momento de la entrada en vigor del nuevo Decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda que ha aprobado este lunes el Govern en Consell Executiu.