El artículo examina la figura del decomiso de patrimonio de origen no justificado, incorporada en la Directiva (UE) 2024/1260, y su posible aplicación en España. Se analiza el estándar probatorio exigible, así como el impacto que esta figura puede tener sobre determinados derechos fundamentales. Todo ello en un contexto donde los mecanismos de privación de bienes de origen presuntamente ilícito no dejan de reforzarse, ampliando cada vez más los márgenes de intervención.

El convenio concursal tiene eficacia novatoria sobre los créditos afectados por el mismo, lo que significa que tales créditos habrán de satisfacerse, una vez aprobado judicialmente el convenio, en la cuantía, en el plazo y en el modo previsto en su contenido.

Por eso tiene sentido que resulte válida la cláusula de un convenio concursal en la que se establezca que una vez que resulte eficaz el convenio deben quedar sin efecto los procedimientos y actuaciones pendientes que tiendan a lograr la satisfacción de los créditos, como es el caso de los embargos, debiendo los acreedores desistir de ellos y, en caso de no hacerlo, permitir al concursado instarlo forzosamente.

Sin embargo, tal cláusula no puede significar que los acreedores vinculados por el convenio deban desistir asimismo, una vez que el convenio devenga eficaz, de aquellos procedimientos, judiciales o arbitrales, relativos a la determinación de la validez, la exigibilidad, la cuantía, o incluso de la existencia misma, del crédito. Legalmente, en el supuesto de que existan créditos litigiosos, que en el concurso se consideran contingentes y que, aunque tienen suspendidos los derechos de adhesión, de voto y de cobro mientras no haya resolución que concluya el litigio que les afecte, pueden resultar vinculados por un convenio concursal, habrán de concluirse los procedimientos respectivos y, una vez concretados los créditos, estos se verán afectados por el contenido del convenio en cuanto a su satisfacción.

Francisco Marín Castán, magistrado del Tribunal Supremo, deja, con su jubilación, un legado significativo en la judicatura española, caracterizado por su defensa de la justicia social, la independencia judicial y la protección de los derechos de los consumidores. Su trabajo en el Tribunal Supremo, especialmente en temas de derecho civil, lo convirtió en un referente de ética y responsabilidad en un contexto de tensiones políticas y sociales crecientes. Marín Castán supo integrar las exigencias del derecho europeo con la realidad española, adaptando sus decisiones para proteger a los sectores más vulnerables sin perder el rigor jurídico. Además, su compromiso con la imparcialidad y la autonomía del poder judicial lo consolidó como defensor de la separación de poderes frente a presiones externas.

El plazo no pueda empezar a computarse sino a partir de la disolución del matrimonio o, en su caso, del momento en que tuvo lugar la separación de hecho definitiva. No es posible tomar como referencia la fecha en que se hicieron los respectivos pagos.

Dado que, a pesar de la declaración de nulidad del préstamo, la prestamista sigue ostentando la condición de acreedora por una cantidad que debe recalcularse, la tutela judicial efectiva debe concretarse en la estimación parcial de la demanda, aunque pueda parecer contradictorio con la propia nulidad del contrato, pues la desestimación de plano por nulidad de oficio implicaría que la actora debiera promover un nuevo proceso declarativo para una cuantía que ya le reconoce el art. 3 LRU, lo que resultaría del todo incoherente.

Aunque los análisis de las muestras de comida confirman su presencia, no resultan acreditados los posibles efectos nocivos para la salud humana, como exige la infracción prevista en el clausulado del PCAP aplicada por la Administración.

Aunque efectivamente existe falta de cotización, esta carencia está justificada en la normativa nacional que excluía a las empleadas del hogar de la cotización por desempleo, y que ha sido declarada discriminatoria. Para restablecer la igualdad de trato, es necesario computar como cotizados los periodos anteriores a la entrada en vigor del RD-Ley 16/2022, en los que la beneficiaria estuvo de alta en el Sistema Especial del Hogar.

El sistema de financiación pública de los precios de los medicamentos impide que el adjudicador fije un beneficio industrial -precio máximo- superior al establecido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

El pasado 12 de marzo de 2025 se celebró Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona en la que se adoptó acuerdo de unificación de criterios, relativo a la actividad negociadora como requisito de procedibilidad en determinados procedimientos, así como el cálculo de la cuantía en la acción de nulidad en caso de acumulación de acciones por usura, entre otros.

La Comisión Europea ha presentado su informe anual sobre Safety Gate, el Sistema Europeo de Alerta Rápida para productos peligrosos no alimentarios. El informe presenta una visión general de los productos peligrosos notificados en Safety Gate en 2024.

Señala que, si bien en el ámbito de la Unión no hay ninguna norma que regule el concepto de prueba, los órganos jurisdiccionales de la Unión han establecido un principio de libre práctica o de libertad de medios de prueba. Concluye que hay un hilo conductor sobre la inversión de la carga de la prueba, siempre que concurran determinados requisitos.

Ya puedes consultar en Legalteca un nuevo número de Diario LA LEY Legal Management, el nº 93, de abril de 2025, que incluye importantes novedades en materia de Gestión de Despachos, Profesionales de la Abogacía, Marketing Jurídico, Proceso Judicial, Turno de Oficio, Abogacía y Tribunales y Acceso a la Abogacía

El Tribunal Supremo ha confirmado la multa de 500 euros impuesta a una fiscal de Cataluña por un "retraso injustificado" de casi dos años en varias causas que tenía asignadas en el área de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico. Avala la decisión del fiscal general de imponerle una sanción por "falta grave".

Los honorarios de los abogados deben fijarse libremente y los Colegios tienen prohibido cualquier baremo o recomendación al respecto.

La única excepción permitida por la Ley es elaborar criterios orientativos para la tasación de costas y de jura de cuentas.

El Colegio de Abogados de Alzira no incluye referencias susceptibles de contener baremos en el borrador de criterios que ha enviado a la CNMC.

El hombre la convenció para que le permitiese acceder a sus cuentas y usando la banca en línea realizó cuatro transferencias sin el consentimiento de la mujer. En cuanto recibió la denuncia, el acusado entregó 50.000 euros, por lo que se le reconoce la atenuante de reparación del daño.

Es una de las conclusiones recogidas en un último informe que aborda el impacto de la digitalización en los puertos marítimos, analizando los beneficios y los desafíos, así como el momento en el que se encuentra España en su camino hacia los puertos inteligentes.

La Sala destaca que la suscripción por escrito del consentimiento informado “no es una mera formalidad, sino una obligación legal de la que la Administración sanitaria ha prescindido”.

No se aplica a los contratos celebrados con trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en el Sistema Especial para Empleados de Hogar o en el Régimen Especial para la Minería del Carbón, ni tampoco a los contratos por sustitución, a los contratos para la formación y el aprendizaje ni a los contratos para la formación en alternancia.

Todo el sistema procesal penal español, incorporando la reforma de la nueva Ley procesal del servicio público de la justicia, y la jurisprudencia del TS y del TC más importante sobre el proceso penal.