El Proyecto de Carta de Derechos Digitales a debate; Asentar la neutralidad de la Red en la Carta de derechos digitales; La propuesta de Carta de Derechos Digitales: reflexiones de Derecho privado y tcnica legislativa; Seguridad digital: derecho o expectativa de derecho? A propsito del Proyecto de Carta de Derechos Digitales; El derecho de acceso universal a internet en el marco normativo espaol; Tecnologa de reconocimiento facial; El posible carcter desleal e injusto de los precios personalizados en internet; Nota sobre las propuestas normativas para la regulacin de los neuroderechos en Chile…

El nmero 7 de la Revista de Derecho Digital e Innovacin se ocupa, por un lado, de analizar el Proyecto de Carta de Derechos Digitales, primer paso de enorme inters para al menos generar una reflexin seria y profunda acerca de la respuesta que el Derecho debe dar ante el reto digital. De forma novedosa, recoge derechos tales como el derecho a la identidad digital, los derechos ante la inteligencia artificial o los derechos digitales en el empleo de las neurotecnologas. Adems, en el nmero se tratarn otras cuestiones de indudable inters, como el reconocimiento facial, que sigue siendo una de las que ms controversias y dudas genera, o el posible carcter desleal e injusto de los precios personalizados en Internet. En Notas e Informes se analizan las propuestas normativas para la regulacin de los neuroderechos en Chile yen los Estudios de Jurisprudencia se analizan la muy reciente sentencia del Tribunal Ordinario de Bolonia de 31 de diciembre de 2020 (caso Deliveroo) sobre discriminacin y algoritmos y la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 15 de septiembre de 2020 sobre la legalidad del uso de los sistemas de localizacin a travs de GPS en los vehculos de empresa.

La publicacin del proyecto de Carta de Derechos Digitales ha abierto un enriquecedor debate sobre su contenido. La autora explica la necesidad de mejorar la redaccin relativa al reconocimiento del derecho a la neutralidad de la Red, a la vez que realojarlo en su lugar adecuado. Qu se entienda por neutralidad determinar el futuro del desarrollo de Internet y del entorno digital.

La Subdireccin General para la Sociedad Digital del Ministerio de Asuntos Econmicos y Transformacin Digital dio a conocer el texto de la denominada Carta de Derechos Digitales junio de 2020 y ha ido prorrogando el trmite de consulta pblica en varias ocasiones, en la actualidad, hasta el 20 de enero de 2021. En la presente contribucin se plantea, sin ningn nimo exhaustivo, una valoracin general de su contenido, diversas consideraciones crticas de tcnica legislativa y posibles utilidades, as como observaciones de Derecho privado espaol y europeo, en lo referente a los derechos derivados de relaciones entre particulares —sean estos consumidores/usuarios o empresarios—, bien estn consagrados estos derechos en la Carta o bien estn ausentes, con propuesta de su incorporacin, dependiendo de si el texto en examen adquiere naturaleza de Carta-Gua o bien de Carta-Norma, en la distincin que articula este ensayo.

El legislador espaol incluy el derecho a la seguridad digital en la Ley Orgnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccin de Datos Personales y Garanta de Derechos Digitales, pero no estableci por completo su contenido y quines son sus titulares. Este derecho ha sido tambin objeto de la Carta de Derechos Digitales y requiere, todava, un desarrollo legislativo y/o jurisprudencial. En relacin con este derecho, que no significa solo un derecho a la ciberseguridad, es necesario tener en cuenta referencias tan importantes como las relativas a las estrategias nacionales de Francia y Suecia en materia de seguridad digital, donde esta no se ha regulado como derecho.

En los ltimos aos se ha incrementado el inters por el derecho de acceso a debido a su incidencia en el estatus de ciudadana, en tanto que afecta a la igualdad de las personas, al ejercicio de otros derechos fundamentales, resulta indispensable para ejercer otros derechos, mxime con la pandemia de la Covid-19 que ha supuesto una acelerada digitalizacin: el teletrabajo, la asistencia sanitaria, la educacin, las comunicaciones con las distintas administraciones, etc. se realizan a travs de la Red. Es por ello que el presente artculo trata de analizar el derecho de acceso a internet en el vigente marco normativo espaol, para llegar a las propuestas normativas que pasan por el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones y la Carta de Derechos Digitales. De esta forma, trataremos de sealar aquellas cuestiones ms relevantes al derecho que nos ocupa y de sugerir algunos cambios o mejoras en la normativa en aras a defender un verdadero derecho de acceso a internet dota do de las necesarias garantas.

La Tecnologa de Reconocimiento Facial es, desde hace tiempo, una realidad cuya utilizacin crece de forma acelerada en distintos sectores. Ofrece mltiples beneficios: posibilita una mejor identificacin y mayor seguridad, por tanto, en el acceso a ubicaciones fsicas o digitales, o informaciones, y suele ser gil al proporcionar resultados. Aunque su uso no est exento de riesgos, que requieren de anlisis y de acciones mitigantes. Especialmente sensibles son aquellos usos ms invasivos con la privacidad y otros derechos fundamentales, que deben ser objeto de anlisis considerando el caso de uso concreto y el impacto potencial en los ciudadanos. Por ltimo, es destacable como esta tecnologa puede ser utilizada para dotar de una mayor seguridad a los sistemas, si bien, tambin puede ser objeto de ciberataques, dadas sus caractersticas y la informacin biomtrica que procesa.

La discriminacin de los consumidores basada en los precios de oferta de los productos en plataformas y aplicaciones de Internet es cada vez ms fcil de practicar y ms difcil de detectar debido al uso de algoritmos programados que tienen en cuenta variables no del todo objetivas. En este artculo analizamos la prctica desde las consideraciones de justicia y equidad y, particularmente, desde el marco legislativo de la Ley de Competencia Desleal, tanto en su art. 16 que resulta especfico para la discriminacin, como en la clusula general del art. 4.

El avance que estn experimentando las Neurotecnologas es exponencial y puede traer consigo innegables ventajas para las personas, pero su desarrollo puede suponer un grave riesgo para el ser humano, para los derechos humanos, para la propia sociedad, por lo que es imprescindible afrontar la necesidad de regular las neuro tecnologas emergentes. En este sentido, el legislador chileno ha puesto en marcha muy recientemente dos interesantes, oportunas y pioneras iniciativas.

La Sentencia del Tribunal Ordinario de Bolonia de 31 de diciembre de 2020 resuelve una demanda presentada por varios sindicatos contra Deliveroo Italia SRL por discriminacin en las condiciones de acceso a la reserva de las franjas horarias de trabajo en la plataforma. El caso ha despertado un gran inters, tanto desde un punto de vista laboral (si se trata de autnomos o falsos autnomos), como desde el punto de vista del derecho digital, en la medida en que es un algoritmo (de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de Deliveroo) quien punta y establece la prelacin de trabajadores a la hora de que stos puedan reservar las sesiones de trabajo. La Sentencia constata la existencia de una discriminacin indirecta contra los riders a travs del algoritmo de puntuacin, pero ms que una discriminacin algortmica, se trata de una discriminacin laboral... ejecutada a travs de un algoritmo.

El control de los empleados a travs del uso de sistemas GPS ha sido un tema discutido en los ltimos aos Est legitimado por parte del empresario o bien el empleado debe reivindicar su derecho a la intimidad? En el presente artculo analizaremos las presentes cuestiones.

El impulso de la investigacin penal requiere en muchas ocasiones adoptar decisiones difciles, como la grabacin y escucha en el domicilio del investigado, tras un ejercicio de ponderacin y motivacin bastante. La aplicacin del tradicional principio de proporcionalidad ha permitido en la praxis judicial la adopcin de estas medidas por un tiempo a veces demasiado prolongado, con un marcado carcter prospectivo o incluso en base a meras sospechas. En ocasiones los autos que las autorizan omiten los lugares afectados por la intervencin, limitndose a autorizar, sin ms, la instalacin de dispositivos de grabacin durante un tiempo sin referencia a un encuentro concreto, previsible y determinado, de forma aleatoria y prospectiva. Como reaccin, la sala segunda del Tribunal Supremo ha dictado recientemente dos sentencias, la 655/2020, de 3 de diciembre, y la 718/2020, de 28 de diciembre, que advierten una ms que relevante nueva tendencia jurisprudencial garantista, que deb e ser aplaudida por la doctrina y los operadores jurdicos. El grado de injerencia que esa medida representa en el domicilio del investigado, un espacio que cada ciudadano define para excluir a los poderes pblicos y a terceros de su propia intimidad no puede ser ponderado con el mismo ngulo valorativo con el que se aceptan otras medidas de investigacin.

Para garantizar que todos los profesionales sanitarios cumplen con los niveles de competencia necesarios para tratar de seguir salvaguardando el derecho a la proteccin de la salud, es importante delimitar el mbito de actuacin de cada especialidad en la formacin especializada en Ciencias de la Salud, por lo que sera muy conveniente una regulacin normativa que, respecto a cada especialidad, delimite los actos privativos, exclusivos y excluyentes, de la misma respecto a los profesionales, sin perjuicio de las circunstancias de excepcionalidad que se mencionan en este trabajo.

La Disposicin Adicional centsima quincuagsima sptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el ao 2021 reconoce la complejidad de la Administracin de justicia. Y respecto a los LAJs exige la necesidad de una adecuacin salarial con base en la ampliacin de nuevas funciones encomendadas a dicho cuerpo conforme a las ltimas reformas procesales y organizativas. Hay en marcha un proceso masivo, creciente y sistemtico de creacin de tecnologa para convertir las nuevas aplicaciones informticas en una herramienta principal de trabajo y comunicacin. Ello implica una mayor complejidad. Por ello, es necesario que por parte del Ministerio de Justicia se tenga conciencia de esta situacin, y que a tal efecto, se elaboren los materiales y estructuras formativas necesarias para homogeneizar la complejidad operativo-organizativa y preparar a LAJS y a Secretarios Coordinadores y Secretarios de Gobierno para afr ontar la complejidad de las tareas que estn realizando y que estn llamados a realizar en el futuro. Si este mbito operativo no se enfoca adecuadamente puede ser una rmora importante para el proceso de transformacin, desarrollo e implantacin de la nueva Oficina Judicial que proclama el Borrador preliminar JUSTICIA 2030.

Requisito subjetivo: persona especialmente relacionada con el deudor. Requisito objetivo: el crdito tiene su origen en un negocio jurdico de anloga finalidad al prstamo, atendida la funcin econmica de los fondos aportados para constituir la dotacin del capital social.

No era necesaria la unanimidad para su aprobacin pues no se ha producido una modificacin de las cuotas de participacin establecidas en el ttulo constitutivo.

Condicin de socios de los copropietarios en rgimen de proindiviso de las participaciones sociales. Designacin de un representante por los copropietarios de las participaciones para el ejercicio de los derechos de socio.

La empresa cuenta con una plantilla de Vigilantes de Seguridad en un Centro de Menores de 65 trabajadores por lo que tener que repartir uno o dos turnos mensuales de maana y tarde entre 65 trabajadores en ningn caso puede suponer un trastorno organizativo para la empresa de entidad suficiente como para justificar el sacrificio del derecho de conciliacin de la vida familiar y laboral del trabajador.

Anlisis y propuestas sobre los retos a los que se enfrenta la justicia para avanzar en su transformacin digital en el encuentro virtual que se celebrar el prximo 10 de febrero de 17:00 a 18:30 h.