El nuevo presidente de la RAJYLE, que ocupará igualmente la presidencia del Instituto de España, es Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Abogado del Estado, Letrado de las Cortes Generales, Inspector de Servicios del Ministerio de Hacienda y Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Además, desde el pasado año, es Presidente del Consejo Asesor de Aranzadi LA LEY.

Respecto de la posesión, se contiene en este trabajo un estudio sobre las diferentes presunciones legales a favor del poseedor, la posible adquisición a non domino (de un no dueño) de bienes muebles derivada del primordial art. 464 CC y la importantísima liquidación del estado posesorio. En cuanto a la propiedad, de un lado, se analizará su concepto, caracteres, regulación en el Código Civil y en la Constitución y su contenido subjetivo y objetivo; y, de otra parte, sus límites y limitaciones (destacando en este punto las llamadas prohibiciones de disponer), y la fundamental cuestión de su tutela jurídica, que incluye, sobre todo, la acción reivindicatoria.

La Comisión Europea, como ha indicado el Defensor del Pueblo Europeo, «parece tener un miedo extremo a permitir que los ciudadanos de la UE ejerzan su derecho a criticar o tratar de influir en la toma de decisiones. Esto se manifiesta en una tendencia a recurrir a excepciones para no facilitar documentos y se da mucho menos peso a ese otro parámetro: si existe un interés público superior en la divulgación».

Asimismo, el Defensor del Pueblo viene criticando con la mayor firmeza el retraso significativo de la Comisión en responder a las solicitudes de acceso a sus documentos, subrayando que el incumplimiento de los plazos establecidos por el legislador en el Reglamento 1049/2001 no puede considerarse una buena administración.

Las personas extranjeras en prisión conforman un colectivo sobre el que recaen dos cuerpos normativos con finalidades diferentes. De un lado, la LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los Extranjeros en España y su integración social (LOEx). De otro, la LO 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (LOGP), que tiene como finalidad principal la reinserción de todos los condenados en los términos del art. 25.2 CE, sean estos nacionales o extranjeros. Así, lo que es presupuesto de hecho para la aplicación de la LOGP, la entrada en prisión por comisión de un delito, también lo es para la aplicación del régimen de expulsión de la LOEx y el consiguiente decaimiento del título habilitante para ser portador de derechos conforme a la normativa de extranjería. Veamos detenidamente el origen del problema, las soluciones que el legislador ha ido dibujando y algunos de los problemas que éstas generan(*).

Ya puedes consultar en Legalteca un nuevo número de Diario LA LEY Ciberderecho, el nº 94, de mayo de 2025, que incluye importantes novedades en materia de inteligencia artificial, protección de datos, justicia digital, ciberdelitos, derechos digitales, redes sociales, servicios digitales, mercados digitales, desconexión digital y vehículos autónomos.

Nuestro ordenamiento jurídico interno no prevé la condena al pago de intereses moratorios de las prestaciones de la Seguridad Social, lo que impide que pueda condenarse a su abono.

Es evidente que no solo procede la devolución de las cantidades que, en su caso, hubiesen podido abonarse, sino que la supuesta infracción no puede producir ningún efecto y, en especial, ningún efecto hacia el futuro, por lo que se debe tener por no puesta, con independencia de que haya sido recurrida o no.

Pese a que la República del Líbano se encontrase dentro de la relación contenida en el RD 116/2003 de países que tienen la consideración de paraíso fiscal, la tributación de dichos rendimientos del trabajo para la Administración Tributaria no resultaba opaca.

Una doctrina que excluyera toda responsabilidad del medio de comunicación por el contenido de las noticias que difunde y que han sido elaboradas por agencias de información, aun cuando se cite la fuente y no se modifiquen, significaría amparar constitucionalmente la divulgación de cualquier información que se publique en tales circunstancias, lo que podría llegar a poner en riesgo el rigor informativo.

Lo contrario supondría adicionar una condición para aplicar las nuevas normas procedimentales, pues no solo deberían haber entrado en vigor, sino que su efectiva aplicación dependería del alcance del procedimiento concreto iniciado ya que sólo se aplicaría la nueva regulación a los procedimientos iniciados a partir de su entrada en vigor que tuvieran por objeto la comprobación de períodos impositivos iniciados asimismo a partir de ésta.

En la fecha final de presentación de ofertas no cumplía los requisitos de solvencia, según la información declarada en el DEUC, que era la de concurrir en solitario, sin agruparse con otras entidades y sin acudir a la integración de solvencia.

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si la motivación que figura en el Preámbulo de la Ley 16/2022 justifica debidamente la exclusión, teniendo en cuenta la obligación de respetar el principio de proporcionalidad.

Reunirá en el Patio del Colegio de Madrid a referentes del sector legal, emprendedores y jóvenes juristas para abordar los retos de innovar en el ejercicio de la abogacía. El evento incluirá un concurso de ideas, talleres prácticos sobre financiación, marca personal o IA, espacios de mentoría y una intervención creativa de un invitado sorpresa.

No debería ser necesario repetir que en el sector legal no se sobrevive o se progresa sin asumir que el profesional, además de ser buen técnico, debe ser buen comercial. Captar a un cliente no es fácil y la primera impresión también cuenta. La vestimenta no es un elemento insustancial en la comunicación no verbal, la primera que captan clientes, profesionales o competidores.

Se le concede por su labor en la lucha contra el edadismo con la convicción de que se ha de superar cualquier tipo de connotación peyorativa asociada al proceso de envejecimiento de las personas.

Bolaños destaca también la "dilatada trayectoria" del nuevo presidente de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

La Fiscalía Europea (EPPO) investiga por presunta malversación de fondos comunitarios el primer ordenador cuántico de España construido con tecnología 100% europea, un proyecto que fue presentado el pasado mes de febrero y que se enmarca en una iniciativa del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Este asunto demuestra que la Ley de la Segunda Oportunidad funciona y ofrece una vía real para las personas que han acumulado deudas sin culpa

Además, el juzgado condena a ETS a indemnizar con 3.500 euros a cada uno de los 19 vecinos recurrentes “en concepto de daños morales sufridos”

Esta iniciativa, que busca proteger al turismo y la hostelería, se enmarca en una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que, actualmente, está en fase final de tramitación parlamentaria, para modificar la modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores.

El censo elaborado por asociaciones apunta a una nula o "muy pequeña" presencia de solicitantes de asilo

Un completo comentario sobre la Ley del Mercado de Valores, abarcando reformas legislativas recientes, como el Real Decreto-Ley 21/2017 y la nueva Ley de 2023, ideal para abogados y académicos.