LA LEY Probática aborda temas dogmáticos sobre la prueba, los avances del Derecho probatorio y la probática o cómo probar los hechos en el proceso. Dirige Frederic Munné Catarina.

La STS (Sala II) 1046/2024 ha sido decisiva en la clarificación de la naturaleza y alcance de la diligencia de cotejo en el proceso penal español. El fallo destaca que la diligencia de cotejo no debe ser considerada como una diligencia de investigación, sino como un acto técnico subordinado que tiene como finalidad garantizar la fidelidad de las transcripciones de las grabaciones intervenidas. Además, se establece que la intempestividad en la práctica de esta diligencia no acarrea la nulidad de la prueba obtenida, ya que su rol no afecta al contenido sustantivo de las grabaciones. En este contexto, el Tribunal subraya que el cotejo no altera el valor probatorio de las grabaciones originales y que su realización fuera de plazo no invalida las pruebas obtenidas en el marco de la intervención telefónica. Este enfoque proporciona una mayor flexibilidad en el tratamiento de las pruebas y fortalece la garantía de los derechos fundamentales en el proceso penal.

En el contexto del proceso penal los delitos violentos, en especial los de violencia doméstica y contra la autodeterminación, han aumentado exponencialmente. La respuesta que el Estado debe dar al aumento de esta criminalidad debe contemplar un equilibrio entre la exigencia de protección de la víctima y el respeto por los derechos del acusado.

En este número de LA LEY Probática, conversamos con Luis Romualdo Hernández Díaz-Ambrona, Presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre su carrera y sobre reformas procesales: las ya en vigor; las que se encuentran en tramitación, como la reforma para el acceso a la carrera judicial; y también las que deberían abordarse en el futuro.

Este artículo analiza las técnicas de evaluación de la credibilidad en psicología forense, los factores que pueden influir en la fiabilidad de un testimonio y los errores más comunes en su valoración. Se explican métodos como el Análisis del Contenido Basado en Criterios (CBCA), el estudio del lenguaje no verbal y los patrones lingüísticos en declaraciones falsas. Además, se revisan sentencias clave del Tribunal Supremo donde la credibilidad del testigo ha sido determinante en la resolución del caso.

En el presente artículo se estudia la STS 1794/2024 de fecha 3 de abril de 2024, mediante la cual el TS ha concluido que el dictamen pericial aportado de forma posterior con el escrito de demanda o contestación a la demanda no puede venir acompañado con documentos que podrían haberse presentado con los escritos rectores, además, se establece que agotar el plazo para presentar el dictamen pericial no produce indefensión. Este análisis ofrece pautas de actuación para evitar irregularidades procesales y proteger los derechos de las partes, recomendando que se impugnen los documentos extemporáneamente presentados con el informe pericial y que, en caso de que la otra parte agote el plazo para presentar el dictamen pericial, se impugne su admisión y se solicite la suspensión de la audiencia previa.

Sin entrar en valoraciones de ninguna clase sobre el controvertido caso Alves, se pretende extraer alguna experiencia probática del mismo. Particularmente, se reflexiona sobre la existencia de herramientas probatorias adecuadas para esclarecer lo sucedido en ámbitos íntimos o, cuanto menos, alejados de miradas ajenas o del alcance de mecanismos de registro. Se explora la institución procesal penal de la reconstrucción de hechos tan eficaz como necesaria en este tipo de casos. Se sugiere cómo habría podido llevarse a cabo en este supuesto, a modo de propuesta a futuro.

La aportación de conversaciones de WhatsApp al proceso es una constante en la práctica procesal. Nada extraño si se piensa en la utilización generalizada de esta clase de mensajes para la comunicación y notificación de hechos con trascendencia jurídica. Pero, la aportación de esta clase de mensajes al proceso debe realizarse conforme está admitido en la práctica procesal la cual en ocasiones no resulta fácil de precisar. A ese fin de clarificación se refiere este comentario.

La dispensa del deber de declarar del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es una de las cuestiones más controvertidas en el ámbito de la violencia de género. A este respecto se pronuncia, la Sentencia del Tribunal Constitucional, en Pleno de 11 de febrero de 2025, Rec.5726/2021, que declara que el ejercicio de la acusación penal, se configura como una manifestación concreta del derecho a obtener la tutela efectiva por parte de los Tribunales y, en consecuencia, impide que pueda ejercerse el derecho a no declarar como testigo en ese mismo proceso. El condenado por violencia de género, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional afirmando que se habían vulnerado sus derechos porque los órganos judiciales no aplicaron la dispensa de la obligación de declarar en juicio que la ley reconocía a su expareja, denunciante en el proceso penal. El Tribunal Constitucional, desestima el recurso de amparo estimando que, la personación como acusación particular de la víctima-denunciante en caso por violencia de género es una clara renuncia la dispensa de no declarar.

En la sentencia 53/2025, de 29 de enero, los recurrentes alegaban la nulidad de las pruebas obtenidas en los registros domiciliarios argumentando que la autorización judicial se basó en una investigación prospectiva debido al lapso de tiempo entre la última vigilancia y la adopción de la medida judicial. El TS desestimó esos argumentos considerando que las investigaciones fueron extensas y bien fundamentadas rechazando la existencia de prospección basándose en conceptos ambiguos como una «individualización del caso concreto», «agotamiento» e «investigación mínima». La necesidad de contar con el factor tiempo se vuelve imperiosa para sucumbir a una investigación prospectiva que afectaría a la prueba que de ella se derive. Para ello es fundamental que la ley establezca de forma clara y precisa los tiempos.

A pesar de reconocer expresamente que la derogada Instrucción de la antigua DGRN de 5 de octubre de 2010 venía «a dotar de plena protección jurídica al interés superior de los menores (y a)... otros intereses concurrentes», la recientísima Instrucción de la ahora DGSJFP de 28 de abril de 2025 impide la inscripción de la filiación derivada de convenio de gestación por sustitución, no sólo mediante certificación registral extranjera —o simple declaración acompañada de certificación médica del nacimiento del menor—, sino, incluso, como se permitía hasta ahora, a través de sentencia firme extranjera. Como consecuencia, una vez que el así nacido se encuentre en España —con la odisea que ello supone normalmente—, la determinación de la filiación requerirá el ejercicio de la acción de reclamación de la paternidad (exart. 10.3º LTRHA), que no la de maternidad —que no es posible por el art. 10.2º LTRHA—, y/o expediente de adopción «cuando se pruebe la existencia de un núcleo familiar con suficientes garantías».

En el presente artículo se abordan las disfunciones que provoca para los propietarios que pretenden segregar, o modificar el uso de sus elementos privativos la inflexibilidad de la postura registral que impide rectificar la superficie de los elementos privativos, por mínima que esta sea, y aún contando con certificación técnica que acredite que la misma corresponde a la original del mismo, a no ser que se cuente con la unanimidad de los propietarios.

Los autores, Letrados de la Administración de Justicia, nos ofrecen un pequeño divertimento, en formato de fábula, sobre la nueva organización judicial. Se sostiene en el humor pero, sobre todo, en el afán de hacer pensar críticamente sobre lo que se avecina.

El informe sobre desarrollo humano del PNUD incluye una de las mayores encuestas sobre esta tecnología a nivel global. Destacan su impacto en la educación, la salud y el trabajo.

La cantidad que pagaba el padre antes de que se incrementaran las necesidades de la hija por su traslado del domicilio materno por razones de estudios era correcta. A partir de entonces aumentaron las necesidades de la hija, lo que justifica el incremento de la pensión, pero ese incremento está vinculado al momento del traslado de la hija, después de la interposición de la demanda. En consecuencia, no sería razonable exigir el pago de esa mayor cantidad desde la demanda, sino desde el momento en que nace la mayor necesidad de la hija.

La TGSS pierde el juicio en el que reclamaba más de 5 millones a la empresa que, habiéndose beneficiado de la exoneración de las cuotas social durante el estado de alarma, había pactado el despido con un trabajador, de una plantilla de más de 4.800 trabajadores.   

Se ratifica la indemnización de 1,7 millones para la víctima, con la responsabilidad civil directa de las compañías aseguradoras y subsidiaria del Servicio Gallego de Salud.

La actividad debe considerarse una y un todo, pues el alterne es o puede ser paso previo a la prostitución, y esta no es susceptible de contrato de trabajo, por lo que no se puede sancionar a la empresa.

Bjørn Berge, Secretario General Adjunto del Consejo de Europa, pronunció el pasado lunes 16 de junio, un discurso inaugural en la Conferencia que marcó la adopción y apertura a la firma del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Profesión de Abogado, que ya ha sido firmado por 17 Estados.

También fueron distinguidos, Fernando Vives; los Consejos Generales de Gestores Administrativos y de Graduados Sociales de España; la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; los colectivos jurídicos de notarios, registradores, procuradores, abogados, jueces y LAJs de Valencia; la Comisión Jubilare del Colegio de Registradores; y la Comisión Europea.

Irán a huelga los días 1, 2 y 3 de julio y convocan una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo

El mayor incremento interanual vuelven a experimentarlo los concursos de personas físicas no empresarios, que aumentaron un 44 por ciento. Los concursos de personas físicas empresarios crecieron un 4,4 por ciento y los de personas jurídicas se mantuvieron estables al disminuir apenas un 0,2 %. Entre enero y marzo se practicaron un 3,7 % más lanzamientos por impago del alquiler, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 17,9 por ciento. Los procedimientos monitorios aumentaron un 64,6 % y las demandas por despido, un 3,1 % respecto al primer trimestre de 2024

El asunto que hizo surgir en su día la duda de constitucionalidad tenía que ver con la promoción de una moción de censura contra el alcalde de Arredondo (Cantabria), uno de cuyos firmantes había formado parte, tiempo antes, del mismo grupo municipal al que pertenecía el alcalde.

La futura norma exige unos requisitos injustificados y discriminatorios a los centros que quieren impartir este tipo de enseñanza superior.

La CNMC recomienda replantear y/o justificar algunas medidas, y analizar su impacto en la calidad del servicio mediante indicadores objetivos.

La existencia de competidores públicos y privados no tiene por qué perjudicar la calidad del sistema universitario español.

Pide un cambio para que todos los expedientes sancionadores deban ser publicados, como ocurre con los que incoa la CNMC.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Euskadi ha recordado que, en el caso de daños extraordinarios causados por tormentas de lluvia y viento, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) podría hacerse cargo de las indemnizaciones para los vehículos y viviendas, "siempre que estén previamente asegurados".