La Fundación Ortega - Marañón acogió el 11 de junio la celebración del "IV Encuentro Aranzadi LA LEY Mujeres por Derecho", una iniciativa de la Fundación Aranzadi LA LEY para destacar el papel de la mujer profesional en el ámbito jurídico, que inauguró la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y se cerró con la entrega de los Reconocimientos "Mujeres por Derecho" 2025.

El Diario LA LEY les ofrece hoy el Especial Derecho Digital e Innovación, una Revista on line, dedicada al análisis, el estudio y la reflexión sobre los temas más actuales de la relación entre el Derecho y la tecnología, con un carácter transversal, global y especializado.

La posición del Derecho digital adquiere cada vez más importancia en el debate actual sobre los efectos de la digitalización. Casi todos los derechos fundamentales se ven realmente afectados en uno o varios aspectos por las posibilidades que ofrece la digitalización. Estallan viejos conflictos y surgen otros nuevos. Se ponen en tela de juicio las concepciones jurídicas establecidas e incluso los acuerdos previos ocultos sobre los que suelen construirse las instituciones. Términos y conceptos normativos establecidos como esfera pública, medios de comunicación, administración, separación de actores públicos y no públicos, y servicios de interés deben redefinirse en condiciones de gran dinámica técnica que crean una importante inseguridad jurídica.

La Unión Europea ha adoptado la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Se trata del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial y por el que se modifican diversas normas anteriores. Este artículo destaca las garantías y los riesgos que el Reglamento establece en relación con los derechos fundamentales.

La creciente implementación de la inteligencia artificial en el sector público plantea importantes desafíos regulatorios y éticos. Este estudio analiza la necesidad de un marco normativo integral que garantice la transparencia, la equidad y la protección de los derechos fundamentales en el uso de sistemas automatizados por las administraciones públicas. Se destaca la importancia de la transparencia algorítmica, la interpretabilidad de los modelos y la supervisión humana en la toma de decisiones automatizadas. Asimismo, se subraya la necesidad de una regulación flexible y adaptativa, capaz de responder a la rápida evolución tecnológica. Finalmente, se plantea la posibilidad de un derecho a la IA como parte del derecho a la buena administración. A partir de estas reflexiones, se proponen líneas futuras de investigación centradas en la convivencia entre máquinas y funcionarios o los dilemas éticos más habituales a los que se enfrentarán estos.

El desarrollo de la denominada inteligencia artificial (IA) y su integración en los diversos aspectos de la actividad económica y social plantea diferentes cuestiones jurídicas. Entre ellas, la responsabilidad civil, lo que ha llevado a plantear por algunas voces la posibilidad de reconocerle una personalidad independiente.

La Convención de Nueva York regula la ejecución de laudos arbitrales extranjeros en sus 172 Estados firmantes. Sin embargo, la excepción de orden público es frecuentemente utilizada por la parte no prevalente en un laudo arbitral para obstaculizar este proceso. Este trabajo explora cómo la tecnología blockchain, mediante plataformas de resolución de conflictos, podría ayudar a mitigar estos abusos y fortalecer la confianza en la Convención. Además, se analizan los requisitos necesarios y se propone una mejora que beneficie a todas las partes.

El trabajo identifica los desafíos fiscales que plantea la aparición del metaverso como nueva dimensión de la economía digital. Se expone cómo la descentralización, el uso de tecnologías blockchain y la falta de una ubicación física definida dificultan la identificación de los contribuyentes y la aplicación de los criterios tradicionales de sujeción fiscal, como la residencia o la territorialidad. Se destacan los problemas derivados del anonimato o pseudo-anonimato de los ciudadanos virtuales, la falta de control efectivo por parte de la Administración tributaria, la posible doble imposición y la naturaleza jurídica ambigua de los bienes virtuales, como los tokens no fungibles. El trabajo subraya la necesidad de una regulación armonizada a nivel nacional e internacional que permita garantizar la seguridad jurídica, prevenir la elusión fiscal y asegurar que las actividades desarrolladas en estos entornos virtuales sean adecuadamente gravadas conforme al principio de capacidad económica.

Este artículo realiza una aproximación a la posición dominante y a la competencia en la inteligencia artificial generativa y la computación cuántica en los mercados financieros desde el Reglamento(UE) 2024/1689(Reglamento de Inteligencia Artificial) y el Reglamento (UE) 2023/588(Programa de Conectividad Segura de la Unión para el período 2023-2027). Relacionados con el Reglamento(UE)2023/2854 (Reglamento de Datos), el Reglamento (UE)2022/2554 (Resiliencia Operativa Digital del sector financiero), el Reglamento (UE) 2002/1925 (Mercados Disputables y Equitativos en el Sector Digital) y el Reglamento(UE) 2021/696 (Programa Espacial de la Unión y la Agencia Europea para el Programa Espacial).

El artículo analiza la naturaleza contractual de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAOs). Basado en la revisión de proyectos y casos reales, identifica los elementos que nos ayudan a comprender la dinámica funcional de las DAOs desde la perspectiva de la autonomía de la voluntad. El diseño de las relaciones entre los miembros de la DAO, la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con la acumulación de poder, o la ponderación equitativa del valor que cada titular de tokens aporta al proyecto, deben estudiarse desde la concepción de la DAO como un conjunto de contratos. Además, la naturaleza de los contratos inteligentes como base de este negocio hace necesario repensar los principios de imputación de responsabilidad, considerando la comprensión del fenómeno desde la idea de «producto».

Los proveedores de servicios en línea, y en particular los gigantes tecnológicos, se ven sometidos a una presión cada vez mayor para identificar y moderar los contenidos ilegales en sus servicios y plataformas. Dado que la gran avalancha de contenidos ilegales hace que la moderación de contenidos sea cada vez más difícil, se necesitan herramientas de IA sólidas y fiables para localizar este tipo de contenidos. Sin embargo, a pesar de todos los avances tecnológicos de los últimos años, todavía no es factible una herramienta totalmente automatizada que pueda distinguir los contenidos ilegales de los demás, sin dejar de mantener un equilibrio entre los derechos fundamentales en juego. De ahí la necesidad de seguir investigando en este campo para conseguir herramientas más eficaces.

La aprobación de la primera plataforma legislativa integral basada en inteligencia artificial en los Emiratos Árabes Unidos, anunciada el 14 de abril de 2025, constituye un hito transformador en la intersección entre derecho, tecnología y gobernanza. Este sistema, diseñado para optimizar la producción normativa mediante algoritmos avanzados, promete reducir en un 70% el tiempo de elaboración legislativa, integrar bases de datos judiciales y evaluar en tiempo real el impacto económico y social de las normas. Sin embargo, plantea desafíos jurídicos, éticos y democráticos profundos, desde la transparencia de los algoritmos hasta la redefinición del contrato social. Este ensayo examina exhaustivamente las implicaciones de esta iniciativa desde una perspectiva jurídica, explorando sus oportunidades, riesgos y su potencial para transformar la esencia de la legislación en el siglo XXI.

Este estudio comenta la Sentencia de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 571/2025, de 9 de abril de 2025 como una resolución paradigmática en la jurisprudencia civil y penal sobre la ciberdelincuencia y, en particular, sobre los fraudes informáticos en el mercado bancario que establece la responsabilidad bancaria cuasi-objetiva en los servicios de pago digitales ante casos de ciberdelincuencia.

Esta obra aborda el impacto de la revolución tecnológica en la contratación pública de bienes y servicios tecnológicos, destacando la dependencia creciente de determinados operadores económicos y la falta de instrumentos específicos para evitar distorsiones en los procedimientos de licitación Se exploran desafíos como la protección de datos, la propiedad intelectual y la inclusión de tecnologías disruptivas, destacando la necesidad de adaptar la normativa para una contratación más eficiente y equitativa.

Se analiza el concepto de la «perspectiva de la infancia» en el tratamiento de este concepto en los casos de maltrato físico y sexual a los menores de edad, al igual que se ha introducido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo el concepto de la «perspectiva de género» cuando se trata de enfocar un caso de maltrato por razón de género.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 142/2024 desestimó el recurso contra la Ley 19/2022 que reconoce personalidad jurídica al Mar Menor y, por otro lado, el Real Decreto 90/2025 ha regulado sus órganos de representación y gobernanza.

La psicopatía representa uno de los mayores desafíos para el Derecho penal contemporáneo. No solo por la gravedad de sus conductas, sino por lo que oculta la decisión de actuar: condicionantes biológicos, genéticos y neuroquímicos que inciden directamente en la conducta delictiva y el juicio moral. Este artículo analiza su tratamiento jurídico-penal desde un enfoque interdisciplinar, examinando las aportaciones doctrinales, científicas y jurisprudenciales que cuestionan la vigencia del modelo clásico de imputabilidad. En un contexto de avances constantes en el ámbito de las neurociencias, urge repensar si el Derecho penal está dispuesto —o preparado— para afrontar los desafíos que plantea esta realidad compleja.

El art. 10.1 LRJS concreta dos reglas respecto de la competencia territorial de los Juzgados de lo Social: 1) Una regla general que permite elegir entre los Juzgados de lo Social del lugar de prestación de los servicios que, en el caso de que conforme a la causa y objeto del contrato se exija desplazarse por España o por el extranjero será el lugar donde se encuentra el centro de trabajo donde se inician y finalizan los desplazamientos, o los Juzgados de lo Social del domicilio del demandado; y 2) Una regla especial que permite presentar la demanda también en los Juzgados de lo Social del domicilio del demandante en el supuesto de que se presten servicios en distintas circunscripciones territoriales, esto es, cuando se presten servicios simultáneamente —con cierta continuidad y permanencia— en centros de trabajo de distintos foros judiciales, lo que no se equipara a la prestación de servicios simultáneamente en distintas circunscripciones territoriales como consecuencia de la obligación de desplazamientos en cumplimiento de la causa y objeto del contrato —transporte—, en cuyo caso hay que aplicar la regla general, sin que sea posible presentar la demanda en los Juzgados de lo Social del domicilio del demandante.

Entenderlo de otro modo supondría que, debido a la desigualdad negocial entre el empleador y el trabajador, cuando el empleado no preste servicios presencialmente, el empresario podría predeterminar la futura competencia territorial.

Al fijar el inicio del año de cobertura desde la fecha del accidente, y no desde la fecha de declaración de baja laboral, en muchas ocasiones, la cobertura real será inferior al año, o como en el presente caso, ni siquiera se producirá esa cobertura, pues la baja laboral fue decretada pasado el año del siniestro.

La Ley autonómica de Caza establece un sistema de responsabilidad objetiva que le obliga a responder de los daños causados por la fauna silvestre, norma sectorial que desplaza a la norma general prevista en la Ley estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad.

Esta solución también solventa la desventaja que supone para aquellos grupos minoritarios que, por exigirlo el sistema productivo, deban trabajar también el domingo en la práctica disfruten de menos descansos que la mayoría de la población.