El pasado 24 de noviembre el Consejo de Ministros aprob un Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende instaurar un nuevo modelo de proceso y sentar las bases de un sistema de justicia criminal adaptado a las necesidades y caractersticas de la sociedad espaola del siglo XXI. No obstante, si hay un elemento que preside la regulacin propuesta es la voluntad de configurar un tipo de proceso que haga realmente efectivo, en el mbito de la justicia penal, el diseo constitucional de los derechos fundamentales. A travs de un breve recorrido histrico, el presente trabajo pretende explicar el valor del texto normativo presentado en la evolucin de los modelos constitucionales y el papel que juegan los derechos fundamentales en el desarrollo de un modelo legal de proceso que combine adecuadamente la resolucin imparcial de los conflictos y la realizacin eficaz de las polticas pblicas en la lucha contra la delincuencia.

Si existe un derecho exponente del funcionamiento de la economa y la sociedad, ese es, sin lugar a dudas, el de arrendamiento. Bajo la rbita del alquiler discurren las relaciones de mercado y se proporciona vivienda a un amplio margen de la poblacin. Por ello mismo, la salud del sector arrendaticio siempre es reveladora de la salud general del Derecho y de la arquitectura social a la que sirve. La crisis econmica causada por el coronavirus ha dado lugar a una intensa actividad normativa sobre el derecho de arrendamiento, sin embargo, la realidad diaria evidencia constantemente los graves problemas que asolan a este elemento esencial en nuestro marco de convivencia. Los interrogantes que sobrevuelan sobre el mercado arrendaticio exigen respuestas. Dilogo y consenso se alzan en vacunas frente a la incertidumbre que padece el alquiler.

La utilizacin de la inteligencia artificial en la Administracin de Justicia plantea numerosos interrogantes. En el caso State v. Loomis, la Corte Suprema del Estado de Wisconsin examin si se poda basar una decisin judicial sobre la pena aplicable a un condenado en el informe emitido por un programa informtico desarrollado por una empresa privada y cuyo algoritmo era secreto para la defensa. Tras analizar este caso, el artculo reflexiona sobre el creciente fenmeno de la robotizacin y los desafos que plantea cuando se aplican estos avances tecnolgicos en la funcin jurisdiccional.

La teora de la prueba ilcita ha sido tradicionalmente construida por la jurisprudencia en nuestro pas, y con base en esta, el legislador ha establecido como regla general que no surtirn efectos en el proceso penal las pruebas obtenidas con vulneracin de derechos fundamentales.

En este sentido, la STC 97/2019, de 16 de julio, ha supuesto uno de los mayores hitos en esta teora, ya que ha considerado que la prueba obtenida mediante la violacin de un derecho fundamental por un particular independiente al Estado y a la investigacin penal, s podr ser objeto de valoracin por el Juez o Tribunal para fundar una posible condena.

Conforme a la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2020 (Sec. 5, rec. casacin 7733/2018, ponente D.ngeles Huet de Sande), el rgano competente para declarar la extincin de las tarjetas de residencia de familiares de ciudadanos de la Unin Europea, por desaparicin de las condiciones que justificaron su concesin, es el Delegado del Gobierno, en las Comunidades Autnomas uniprovinciales, y el Subdelegado del Gobierno, en las provincias, pero si fuera acordada por los Jefes de las Oficinas de Extranjeros, su confirmacin en alzada por el Delegado o Subdelegado del Gobierno, convalida el vicio de anulabilidad.

La ejecucin civil, pasadas dcadas, sigue tropezando en las mismas piedras. La va de apremio y su paradigmtica subasta continan evidenciando la necesidad de mejorar y flexibilizar un proceso judicial que, todava a da de hoy, no satisface correctamente los intereses en juego. La Ley de Enjuiciamiento Civil del ao 2000 pretendi instaurar alternativas eficaces al mecanismo de subasta; la realizacin por persona o entidad especializada, prevista en el artculo 641 de la ley, era una de ellas. Qu problemas tcnicos presenta para que, tantos aos despus, su utilizacin siga siendo marginal? Es el turno de las opciones extrajudiciales de realizacin? Qu soluciones prcticas pueden aportarse?

La aseguradora opone que aunque la pliza cubre el riesgo de paralizacin de la actividad negocial, no contempla expresamente la paralizacin por una pandemia. Pero la exclusin de este riesgo supondra una limitacin de los derechos del asegurado cuya validez est condicionada al cumplimiento de los requisitos del art. 3 LCS.

Aunque el reconocimiento del privilegio especial se hubiera realizado con posterioridad a la adquisicin de la unidad productiva, resulta oponible al adquirente en cuanto que su adquisicin no poda realizarse sin subsistencia de las garantas si no se cumpla la exigencia del consentimiento de los acreedores pignoraticios en los trminos previstos en los arts. 154.4 y 149 de la Ley Concursal 2003.

El derecho de un interesado a la liquidacin definitiva del ICIO, en supuestos en que ha decidido no terminar la obra, nace cuando se renuncia expresamente a la licencia de obras que fue presupuesto jurdico del impuesto.

Con la Directiva 2018/957, se han reforzado y aumentado los derechos de este tipo de trabajadores con el fin de garantizar condiciones de competencia empresarial ms equitativas.

Se modifican las leyes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes para evitar dobles deducciones.

La Audiencia Provincial de Valencia declara la nulidad de las actuaciones, y obliga a las partes a celebrar de nuevo el juicio. El letrado no pudo acudir pues su esposa fue ingresada en el hospital por posible positivo de COVID-19. Aunque el juicio se celebr antes de la declaracin del estado de alarma, ya se estaban tomando medidas de prevencin de contagios.

El Juzgado considera que son hechos del pasado inmodificables que no pueden convertirse en un obstculo insalvable para el retorno al rgimen general de cumplimiento de las penas y debe atenderse a datos dinmicos relativos a su evolucin personal y penitenciaria, pues le quedan unos meses para alcanzar la mitad de la condena y los informes del centro revelan una evolucin positiva del interno.

Un ensayo en torno a la produccin novelstica de reputados miembros del colectivo notarial.

Traspone la directiva sobre 'asimetras hbridas' para evitar que se produzcan dobles deducciones de un mismo gasto.

El alto tribunal estima parcialmente el recurso de la acusada contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragn, que confirm la de la Audiencia de Zaragoza, que impuso una pena de 3 aos y 3 meses a la acusada al considerar que el delito cometido fue continuado.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jos Luis balos, ha afirmado que la futura Ley de Vivienda pretende atender la situacin de acceso a la vivienda de los colectivos ms vulnerables y frenar, "por supuesto", las subidas "abusivas del alquiler fomentando un parque pblico de vivienda y prohibiendo la venta de estas viviendas de carcter social".