El pasado jueves 29 de junio, mediante el Real Decreto-ley 5/2023, de sopetón, se procedió a modificar en profundidad el recurso más complejo de regular en el proceso civil, el de casación. En el presente trabajo se analizan las novedades más significativas que son : Eliminación del recurso extraordinario por infracción procesal y la  Instauración de un nuevo, y menos garantista, recurso de casación, principalmente, mediante la generalización del interés casacional como motivo de casación, eliminación del trámite de audiencia previa al recurrente y eliminación de la preceptiva vista cuando lo pedían los abogados de la causa.

En una especie de «canto de cisne» legislativo, el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, ha reformado varias normas procesales en distintas materias. Una de ellas ha sido el recurso de casación penal, al introducir modificaciones puntuales en varias fases del mismo. Sobre ellas se centra el presente trabajo, con especial detenimiento en el concepto (ahora normativo) de «relevancia casacional».

El Decreto-Ley 5/2023 contiene una serie de medidas de índole procesal, que provienen del caducado proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal. Las que conciernen a la casación contencioso-administrativa se adoptan tardíamente y son fruto de las reiteradas y fundamentadas peticiones que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo hizo al Ministerio de Justicia.

Ante la problemática social de la conocida como Ley del «sólo el sí es sí» (Ley Orgánica 10/2022, de 6 septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, derogada parcialmente en las penas de prisión por la Ley Orgánica 4/2023, de 27 abril) que el autor denomina «Ley SISSÍ» y su efecto nocivo en la rebaja de más de mil —por ahora— de condenas de prisión de delincuentes sexuales(*), se reflexiona sobre lo que podría considerarse un tratamiento curativo realizado por la jurisprudencia que, por ello, se denomina «juristerapia». Se exponen brevemente las diferentes interpretaciones que se han ofrecido al Supremo para afrontar el disparate legislativo que representó esa ley, con menor o mayor acierto en defensa del Estado de Derecho y del imperio de los derechos fundamentales aludiendo a las matemáticas, la aritmética y las normas penales. Derechos fundamentales, que, no se olvide, en el Derecho Penal son tanto los de las víctimas como los de sus victimarios.

El abuso del decreto-ley es una de las manifestaciones más evidentes de la constante degradación o envilecimiento de la producción normativa a la que venimos asistiendo en los últimos tiempos. Aparte de no darse, en buena parte de los casos, la extraordinaria y urgente necesidad que habilitaría para adoptar este mecanismo normativo excepcional, se vulnera el artículo 23 de la Constitución. Ambas transgresiones son legitimadas por el Defensor del Pueblo.

Las cautelas deben ser más necesarias en el caso de los decretos-leyes autonómicos, pues debilitan el régimen parlamentario, porque se impide a las minorías en la Cámara impugnarlos ante el Tribunal Constitucional.

En el presente artículo se examina un caso patológico de abuso del decreto ley, unido a una grosera burla del principio democrático.

El TS establece doctrina confirmando la nulidad del establecimiento de monopolios territoriales para la impartición de los cursos de recuperación de puntos del carné. La regulación española de dichos cursos no es compatible con el art. 15 de la Directiva 2006/123/CE en la medida en que vaya más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de interés general perseguido, a saber, la mejora de la seguridad vial.

La revista LA LEY Compliance Penal le ofrece uno de los artículos incluidos en su último número en el que el que se analizan las principales características de la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, con la que se transpone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva europea 2019/1937.

LA LEY Mercantil le ofrece el trabajo de Anselmo Martínez Cañellas publicado en el número de junio, «Los Consejos Reguladores como autoridad de control de las indicaciones geográficas protegidas», donde se analizan la naturaleza y las funciones de los Consejos Reguladores que se configuran como autoridades de control de Indicaciones Geográficas Protegidas específicas.

El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político sobre el Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Ley de Datos o Data Act), propuesto por la Comisión en febrero de 2022

El pasado 30 de junio, ambas entidades han llegado a un acuerdo político provisional sobre este elemento clave de la propuesta de Marco para una Identidad Digital Europea, que será la primera aplicación europea de identidad digital fiable y segura

El día 27 de junio de 2023 se celebró una sesión organizada por DENAE bajo el título “soluciones de mediación en conflictos de propiedad intelectual y derecho tecnológico” que albergó la SGAE en su sede madrileña.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Circular de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sobre el derecho de los usuarios a no recibir llamadas no solicitadas, fijando los criterios que aplicará la Agencia en relación con el artículo 66.1.b) de la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones.

El pasado 24 de mayo fue investido doctor honoris causa de la Universidad de Alicante Juan Roca Guillamón. Por su valor, reproducimos a continuación su discurso de investidura. Igualmente se pueden consultar la laudatio de su padrino, el profesor Juan Antonio Moreno Martínez y el discurso de bienvenida al nuevo doctor honoris causa de la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure.

Declara el Alto Tribunal que se pueda limitar el ejercicio del derecho fundamental de libre circulación de los extranjeros con residencia temporal en España, mediante la extinción de su autorización por la ausencia del territorio nacional durante un determinado periodo de tiempo, pero dicha limitación ha de realizarse mediante ley orgánica, es decir, en la LOEX.

No es admisible dejar de pagar la renta por la ausencia de factura, pues son obligaciones de ámbitos distintos, no justificando la fiscal el impago de la renta por el arrendatario.

Dura crítica a la atención sanitaria recibida durante un parto gemelar en el que se impuso de manera autoritaria el criterio médico de insistir en un parto vaginal en lugar de proceder a la práctica de una cesárea, y que ocasionó en uno de los menores gravísimas lesiones y secuelas.

Las circunstancias que consistan en la ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla agravan o atenúan la responsabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. El conocimiento del empleo del arma por el coautor no requiere que el concierto hubiera de ser necesariamente previo. Puede también ser asumido en el momento mismo de su empleo, coetáneamente a la comisión del delito. Tampoco requiere que dicho acuerdo resulte expreso, bastando el simple convenio tácito.

El despido se efectuó cinco días del alta médica, porque había llegado la fecha prevista, por lo que a priori se demuestra que la causa de tal extinción fue ajena a intención de represalia alguna.

La sentencia que cierra el concurso de Forum Filatélico permite al heredero declarar la pérdida, no derivada de la transmisión de elementos patrimoniales, en la declaración del IRPF de 2022

Estos desembolsos pueden considerarse correlacionados con la obtención de ingresos en la medida en que pretendan promover la actividad empresarial, ya sea directa o indirectamente, o con una repercusión de presente o de futuro.

Una formación global e integral para implementar y desempeñar la figura del Data Protection Officer (DPO) adaptada a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Refuerza tus habilidades de asesoramiento jurídico a través de una formación práctica en todas aquellas materias que constituyen pilares básicos para una gestión municipal eficaz y eficiente.

Contempla subvenciones por 20 millones de euros en tres modalidades: 16,2 millones para entidades locales; 1,2 millones para entidades sin ánimo de lucro y 2,6 millones para proyectos empresariales.

El buen ambiente laboral emerge como el segundo aspecto más importante del trabajo después de las condiciones salariales

El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto en el que introdujo estos nuevos permisos que buscan contribuir a la conciliación por parte de las familias de su vida laboral y familiar.