Dos ámbitos como la residencia con excepción de la autorización de trabajo y la residencia para extranjeros retornados voluntariamente han sido objeto de revisión, modernización y alineamiento con una política migratoria más flexible, coordinada y respetuosa con la seguridad jurídica. En este artículo analizaremos las claves de dicha reforma y contrastaremos la nueva regulación con el régimen anterior del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril con el objeto de resaltar las novedades que el nuevo Reglamento de extranjería ha introducido.

En este artículo abordamos las novedades en los métodos de pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la campaña de la Renta 2024, destacando la incorporación del Bizum. Describimos el proceso de pago de la cuota del IRPF con Bizum y ponemos de manifiesto que esta nueva forma de pago constituye un reflejo más de la tendencia hacia la digitalización de los trámites fiscales. Por último, nos preguntamos si se trata de una novedad en sentido estricto o una implementación tardía por parte de la Administración tributaria a nivel estatal, estando ya disponible con anterioridad el pago con Bizum en el ámbito autonómico y local.

Históricamente, la acción popular ha permitido a los ciudadanos intervenir en procesos penales para defender el interés público, siendo una valiosa herramienta contra la impunidad en casos como corrupción política y delitos institucionales. El artículo analiza la reforma de esta institución contenida en la Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas. A juicio del autor, la nueva reforma introduce restricciones significativas que podrían desnaturalizar la acción popular, limitando el acceso de los ciudadanos a la justicia penal.

El presente artículo, teniendo en cuenta la normativa existente, arroja luz sobre un tema recurrente: la presentación ante los órganos judiciales, por parte de Abogados y Procuradores, de solicitudes de pago de cantidades, mediante transferencia a la cuenta bancaria propia de dichos profesionales, alegando que aparecen como apoderados para el cobro de cantidades en los poderes para pleitos que aportan en autos (en los mismos se autoriza «expresamente» el cobro). Y en numerosas ocasiones, por parte del LAJ competente se niega esa posibilidad, y se expide mandamiento de pago o realiza transferencia a nombre de la persona beneficiaria titular del derecho. Este hecho genera numerosas quejas y consultas por parte de los profesionales del derecho que suelen ser resueltos de manera dispar en los diversos órganos.

La revista Aranzadi Doctrinal te ofrece en su último número publicado el análisis realizado por Javier Lapeña Azurmendi, juez titular del Juzgado Mixto nº 1 de Tui, de la posible intervención de los drones en el procedimiento penal.

El presidente de la AEPD ha inaugurado el curso ‘Innovación y privacidad en inteligencia artificial y espacios de datos: construcción de un modelo compatible con los derechos de las personas’, enmarcado en las Actividades de Verano 2025 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Valoración de circunstancias como la ausencia de daño y el haber comunicado a la Administración el hecho lo que originó la incoación del expediente sancionador.

Valoración de los daños materiales sufridos por el vehículo del actor. Aplicación de la doctrina de los actos propios.

El delito de falsedad en documento mercantil debe limitar su aplicación a aquellas conductas falsarias que recaen sobre documentos mercantiles que, por el grado de confianza que generan para terceros, puedan afectar potencialmente al valor de la seguridad, en su dimensión colectiva, del tráfico jurídico-mercantil.

Los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE se oponen a una normativa nacional que permite proseguir la ejecución forzosa extrajudicial de la hipoteca pese a la pendencia de una demanda de medidas provisionales dirigida a la suspensión de esa ejecución y a la existencia de indicios concordantes de la posible presencia de una cláusula potencialmente abusiva en el contrato dio origen a la ejecución, y que, además, no prevé ninguna posibilidad de solicitar por vía judicial la nulidad de la ejecución por la presencia de cláusulas abusivas en el contrato.

En la última sesión de Jubilare se habló de las pensiones de viudedad que cobran mayoritariamente las mujeres y que se reducen cuando más lo necesitan. Las lagunas en su cotización por cuidar a sus hijos y familiares, por trabajar a jornada parcial o por tener empleos precarios les penaliza también en la jubilación.

Una normativa nacional que establece el devengo de los impuestos especiales sobre la base de una entrega ficticia de productos sujetos a tales impuestos y que figura en facturas falsas es incompatible con el Derecho de la Unión.

Para identificar una sustancia como extremadamente preocupante, debe determinarse, en particular sobre la base de elementos científicos, que la sustancia puede tener efectos graves para la salud humana o el medio ambiente, lo que requiere un análisis de los peligros derivados de las propiedades intrínsecas de la sustancia.

Las características esenciales de esta forma son necesarias para obtener un resultado técnico, por lo que no debería haber sido registrada como marca de la Unión.

La reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita es inaplazable para garantizar la sostenibilidad de este servicio esencial para la democracia, como se desprende de las cifras recogidas en el XIX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Fundación Aranzadi-La Ley sobre el servicio prestado en 2024.

El Pleno de la Sala Cuarta aplica la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la UE en sentencia del pasado 15 de mayo.

El órgano de gobierno de los jueces cumple así el trámite previsto en el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recalcado que el informe adicional sobre las pensiones que deberá hacer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) antes del 1 de junio de 2026 para cumplir con Bruselas es de "seguimiento únicamente" y "no es una evaluación".

El Pleno del órgano de gobierno de los jueces acuerda someter el proyecto de reglamento a informe de las asociaciones judiciales y de las Salas de Gobierno de los órganos judiciales antes de la aprobación definitiva del texto, prevista para el próximo mes de septiembre.

La Generalitat de Catalunya ha pedido a la empresa Securitas que se dé de baja del registro catalán, al estar ya inscrita en su comunidad de origen.

La normativa de unidad de mercado evita trámites duplicados y fomenta la cooperación de las autoridades implicadas.

Aconseja activar a los trabajadores mayores y promover la inmigración regular para afrontar la escasez de mano de obra.