Los meses acontecidos tras la crisis del COVID-19 y la reaccin, lenta y tarda, del poder institucionalizado, ponen en evidencia la posible y lamentable consecucin de una crisis jurdica. Frente a quienes encallan en las arenas de la parlisis normativa o en las piedras que arroja la falta de consenso poltico, se presta inexcusable reivindicar el papel instrumental del Derecho al servicio de la sociedad y la finalidad del mismo como manifestacin de la moral colectiva de nuestro modelo de convivencia.

Propuestas para la amortiguacin en el orden social de los efectos que la pandemia est provocando a travs de la implementacin de una serie de medidas en tres diferentes planos: procesal/legislativo, estructural/organizativo y material.

La Instruccin de la Fiscala General del Estado1/2020, de 15 de septiembre, sobre criterios de actuacin para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpacin de bienes inmuebles, ha supuesto un importante respaldo a la acuciante demanda social de encontrar una solucin jurdica al serio problema en franca expansin de las ocupaciones ilegales de inmuebles; tratando de explorar y fomentar soluciones jurdicas que garanticen el ms inmediatamente posible desalojo cautelar de los inmuebles supuestamente usurpados. Sin embargo, tal vez forzada por la predominancia de determinados posicionamientos ideolgicos en el actual entorno sociopoltico, su predictible eficacia se ha visto truncada por cierta falta de ambicin y altura de miras en buena parte de sus planteamientos jurdicos.

La deteccin del COVID-19 ha obligado a adoptar, en un escaso perodo, una serie de medidas laborales con el fin de mantener la actividad econmica y empresarial y frenar el impacto de la crisis sanitaria. Entre ellas, la ms destacable es la expansin y generalizacin del teletrabajo, que hasta la actualidad haba experimentado un discreto desarrollo y que, en estas circunstancias, ha sido uno de los pilares de contencin de la recesin econmica, aunque no hay que minimizar sus aspectos negativos, que tambin son manifiestos. El teletrabajo es un sistema o forma de organizacin de la prestacin laboral que naci vinculado a una situacin de dificultad econmica y que, nuevamente, se presenta como solucin. Pero, a menudo, el teletrabajo se asimila a otras figuras afines con las que tiende a confundirse como son, las medidas de conciliacin de la vida personal, laboral y familiar de los trabajadores. Por eso se hace necesario concretar los conceptos y establecer las diferencias e ntre unas y otras, adems de delimitar su regulacin normativa. La Ley de trabajo a distancia, que no es exactamente una norma especfica sobre el teletrabajo, da un paso ms all en la escasa reglamentacin que, hasta el momento, se recoga en el artculo 13 del Estatuto de los Trabajadores y en un reducido nmero de convenios colectivos y que, en breve, entrar en vigor.

Se analiza la reforma del art 89 CP operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, en particular, desde la perspectiva de las excepciones a la expulsin de ciudadanos extranjeros como sustitutiva de la pena de prisin, tanto los casos regulados en el art 89.1 y 2, como la excepcin basada en la proporcionalidad de la medida, la expulsin de ciudadanos de la UE, y en el tipo de delito cometido, analizando la necesidad de tener en cuenta los fines de prevencin general y especial.

El presente trabajo de investigacin parte del anlisis de la ejecucin provisional en el Derecho de Familia y, tras estudiar su procedencia en este mbito, incide en su tramitacin; y todo ello, con la finalidad de resear la situacin actual y proponer mejoras en el rgimen vigente de la ejecucin provisional en el Derecho de Familia.

La presencia de la Confederacin Intersindical Galega (CIGA), Comisiones Obreras (CCOO), Unin General de Trabajadores (UGT) y la Confederacin Empresarial Veterinaria Espaola (CEVE) en la mesa de negociacin del primer Convenio Colectivo de Centros y Servicios Veterinarios firmado en enero del 2020 ha creado cierta polmica en el sector veterinario. El texto convencional, que incorpora importantes novedades regulatorias en la actividad, no ha pasado inadvertido para los actores incluidos en su mbito de aplicacin, quienes han llamado la atencin no solo respecto a esta polmica, sino tambin respecto a ciertas materias reguladas desconocidas hasta ahora en la actividad. Por todo ello, un anlisis de las principales polmicas y novedades regulatorias tradas por este texto convencional ser necesario para aportar cierta claridad a esta esperada herramienta que, lejos de suponer un obstculo, significa un considerable avance para este olvidado sector.

La entrada y registro se efectu sin autorizacin judicial y con el solo consentimiento de la esposa del acusado, y este consentimiento resulta suficiente y no invalida la prueba de cargo. No se acredita que entre los miembros del matrimonio existiera algn tipo de conflicto de intereses que invalidara el consentimiento otorgado.

Interpretacin del art. 92 de la Ley de Contrato de Seguro. El concepto de dolo de dicho artculo se proyecta sobre la conducta, no sobre el sujeto: si la conducta es una muerte dolosa, el beneficiario no tendr derecho a la indemnizacin, por ms que sea declarado penalmente inimputable.

Por el momento no existe doctrina jurisprudencial al respecto y hasta que el Supremo se pronuncie en unificacin de doctrina, el Magistrado considera que los despidos que tengan lugar en contravencin en el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 deben ser declarados improcedentes, y no nulos.

En este libro se analizan las cuestiones jurdicas ms relevantes de ndole civil, mercantil, procesal, administrativo, laboral y fiscal, cuestiones jurdicas todas ellas planteadas en relacin con la crisis derivada del Coronavirus.

Ya se ha publicado en el BOE la Ley que regula el teletrabajo, norma que, segn la ministra de Trabajo y Economa Social, Yolanda Daz, aumentar la productividad y la competitividad de la economa espaola.

El tribunal seala que tuvo comportamiento “manifiestamente temerario" que "conculca las reglas de la buena fe procesal".

Presentar el 'techo de gasto' y convocar el Consejo de Poltica Fiscal y Financiera a finales de mes o principios de octubre.