Anlisis pormenorizado de las medidas que sobre extensin de efectos y procedimiento testigo incluye la ltima versin del Plan de Choque para la Administracin de Justicia del Consejo General del Poder Judicial.

En pocas tan convulsas como la que ahora vivimos, en la que la crisis sanitaria ha expuesto a los cargos pblicos a un escrutinio meditico y ciudadano de mximo nivel, se han multiplicado las posibilidades de colisin entre las libertades de expresin e informacin y el derecho al honor de quienes ejercen funciones pblicas. Este contexto puede ser una buena ocasin para sistematizar los pronunciamientos de la Sala 1 del TS acerca de las peculiaridades de estos conflictos. Para ello, se ha agrupado el estudio de las sentencias, principalmente de los dos ltimos aos, con el orden que sugiere la tcnica de la ponderacin entre derechos que, adems de ser de obligatoria aplicacin en este tipo de controversias, resulta muy til para ordenar el hilo argumental de las pretensiones de las partes, para identificar los puntos reales de controversia y para centrar, en definitiva, el debate, la prueba y la decisin en lo que realmente importa.

El recorrido del artculo permite abordar el estudio del conflicto tomando en consideracin los criterios jurisprudenciales ms relevantes a la hora de determinar tanto la valoracin del peso en abstracto de los derechos (la reforzada prevalencia funcional de las libertades de expresin e informacin, las dificultades del deslinde entre una y otra, la nocin de cargo pblico y los sujetos activos de la crtica) como la segunda fase de comparacin del peso relativo de unos y otros derechos. En esa segunda parte se exponen las particularidades que ofrecen la relevancia pblica, la veracidad de lo informado o expresado y el juicio de proporcionalidad cuando los derechos individuales de quienes, en sentido amplio, gestionan lo pblico, se enfrentan a los derechos de libertad que representan las libertades de expresin e informacin.

La finalidad de poner en conocimiento del organismo correspondiente el contenido y fundamentos de la pretensin y darle la oportunidad de resolverla evitando el uso de mecanismos judiciales, a modo de lo que acontece con la conciliacin previa, sin perjuicio de la diferencia de que las entidades pblicas no pueden transaccionar, objetivo primordial de la conciliacin. No obstante, algunas voces crticas han propugnado su desaparicin como obligacin procesal, para su conversin en un instrumento meramente facultativo.

Se ampla el mbito subjetivo de responsabilidad en la compraventa de vehculos, de manera que por los defectos de fabricacin responde no solo el vendedor, sino tambin el fabricante.

Teniendo en cuenta la excepcional situacin sanitaria que vivimos, aunque esta tarea es ms propia de los servicios de prevencin, la funcin encomendada est plenamente justificada.

El Juzgado entiende que con la solicitud del ERTE la empresa est actuando fraudulentamente repercutiendo el coste de la suspensin de actividad por el estado de alarma, de manera indebida, en otra Administracin pblica y en los trabajadores al minorar sus salarios.

Siendo la finalidad expresa de la norma aplicada la de evitar que el cnyuge extracomunitario suponga una carga para la asistencia social en Espaa, ha de admitirse que pueda ser tambin ste el que disponga de los medios necesarios, o en otro caso, que la suma de los recursos de ambos permitan el sostenimiento de la unidad familiar

La Revista de Derecho de la Competencia y la Distribucin, revista jurdica interdisciplinar especializada en defensa de la competencia, competencia desleal, publicidad y distribucin comercial, te ofrece uno de los artculos incluidos en su ltimo nmero publicado, n 26, enero-junio, 2020.

La Sala emite dos sentencias apoyadas en los fallos de Luxemburgo de este mismo mes. Confirma que el banco no puede cargar al cliente gastos del notario, tasacin, arancel del registrador, comisin de apertura ni clusulas suelo.

Snchez presenta el Plan Espaa Digital 2025 que ser un "pilar estratgico" para la recuperacin del pas tras el Covid-.

El impacto al sector bancario por el frente judicial sobre clusulas abusivas podra elevarse a 1.492 millones de euros en caso de asumir la totalidad de las costas en pleitos, segn clculos de Asufin.