Manuel Villoria es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Filología por la Universidad de Barcelona. Actualmente lidera el Observatorio en «Buena Gobernanza». Su amplia trayectoria le convierte en un referente en temas de integridad, transparencia y buen gobierno, elementos todos ellos esenciales en el mundo del Compliance.

Su nombramiento como Presidente de la AINPI le obliga a afrontar nuevos desafíos y alcanzar un reto apasionante, que asume con ilusión y compromiso, tal y como podemos escuchar en la entrevista que compartimos.

Recientemente cuatro interesantes sentencias del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba [16/12/2024 (Asunto 354/2024) y 17/01/2025 (Asunto 309/2024)] y de su Audiencia Provincial [13/05/2025 (Asunto 304/2024) y 14/05/2025 (Asunto 144/2025)], han puesto sobre la mesa la importancia de la ponderación del principio de proporcionalidad (art 5.4 TFUE) en la aplicación de las excepciones de exoneración recogidas en nuestra normativa concursal y más concreto en su artículo 489.1. 5º TRLC, a partir de la armonización de la Directiva UE 2019/1023. La aplicación de dicho principio no es facultativa sino imperativa y en su defecto el régimen debe no ser aplicado por el juzgador y en su defecto se puede derivar responsabilidad del estado.

El presente trabajo examina la configuración del recurso de casación civil tras la profunda reforma introducida por el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio; en especial se fija en el interés casacional como eje fundamental sobre el que rotará todo el sistema casacional en el futuro inmediato y las consecuencias que puede traer en las funciones clásicas del recurso de casación. Se hace referencia también la novedosa invocación del interés casacional para la corrección de posibles infracciones procesales y su viabilidad real. Todo ello se examina a la luz de recientes resoluciones de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo, que comienzan a dar pautas interpretativas de tan importante modificación.

En el análisis del presente estudio sobre las excepciones procesales en el proceso civil, la autora establece, en primer lugar, una delimitación conceptual, con la evolución histórica, la problemática terminológica y alcance conceptual y la distinción entre excepciones procesales y materiales. Expone la tipología y clasificación de las excepciones procesales, así como su tratamiento procesal. A continuación, realiza un análisis específico de las excepciones de cosa juzgada y litispendencia, un estudio jurisprudencial y finaliza con el estudio del régimen de recursos contra las resoluciones sobre excepciones procesales.

Como resultado del trabajo de un equipo multinacional y multidisciplinario se ha presentado SHADES, un nuevo conjunto de datos multilingüe (15 idiomas) y multicultural, diseñado para analizar y evitar los estereotipos y sesgos en modelos lingüísticos generativos.

El porcentaje del 7% resulta evidentemente más favorable que el previsto en la LGDPD, norma anterior que cede en su aplicabilidad ante la mayor protección que otorga el EBEP posterior.

Incumplimiento grave del contrato de obra que frustró por completo las expectativas de la cliente, pues a pesar del tiempo transcurrido, más que suficiente para una reparación eficaz por parte de un servicio oficial de la marca, el problema no se solucionó y el coche sigue sin poder funcionar.

La inactividad del Ayuntamiento frente a la resolución presentada por la Comunidad Islámica recurrente supone una vulneración del derecho a la libertad religiosa.

No es justificable su actitud obstativa al tratamiento, incluso cuando fue así acordado por las decisiones judiciales, y sobre todo, teniendo en cuenta que no aportó el acusado ninguna alternativa real al mismo.

Se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial ante la situación de prórroga presupuestaria, para evitar que se generen resultados financieros no deseados.

Actualiza los importes de las entregas a cuenta correspondientes al año 2025 y esta actualización no altera el régimen financiero actual de las comunidades autónomas.

Baleares establece medidas urgentes para regular la instalación y ampliación de explotaciones ganaderas avícolas intensivas, con el fin de proteger el medio ambiente y la calidad de vida de la población cercana, mediante límites de carga ganadera y distancias mínimas respecto a núcleos urbanos.

La nueva redacción del art. 24 elimina el tope establecido en la determinación de fracción de cuota para la gestión de la IT por las mutuas.

Existen métodos que pueden ayudar a reducir la tensión mental antes del merecido descanso, pero exigen práctica y constancia.

Una trata de la coordinación y funcionamiento de estos órganos judiciales y la otra de la dirección e inspección de los asuntos de los que conozcan los/as jueces/zas y magistrados/as

El Ministerio de Justicia ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se pronuncie ante la "incertidumbre jurídica" que a su juicio plantea la convocatoria de huelga para protestar por las reformas que prepara el Gobierno para el acceso a las carreras judicial y fiscal.

La CNMC está supervisando la modificación por parte de algunas comercializadoras de los contratos a precio fijo con el consumidor, tras el incremento de costes registrado en la operación del sistema eléctrico tras el incidente del 28 de abril, en el que el sistema eléctrico peninsular experimentó una desconexión total de la generación y de la demanda.

Las modificaciones de precio que los comercializadores puedan trasladar al consumidor derivados de este incremento, antes de la finalización del contrato o de su prórroga, no son acordes a la modalidad de contrato a precio fijo.

El órgano de gobierno de los jueces cumple así el trámite previsto en el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Elma Saiz señala el Pacto de Toledo como "fuente de inspiración" que refleja que se pueden consensuar reformas si hay "voluntad"

Colegios profesionales y asociaciones han lanzado una campaña de recogida de firmas para modificar el artículo 14 de la Ley de Aguas, que regula los principios rectores de la gestión en materia de aguas, "de especial relevancia para la Comunidad Valenciana tras la tragedia humana provocada por la dana" registrada el pasado mes de octubre.