Una vez declarado en Espaa un nuevo estado de alarma a fin de contener la pandemia provocada por el COVID-19, se ha vuelto a suscitar el debate en torno a su posible prrroga por ms de 15 das (y que, en esta ocasin, se pretende sea hasta por seis meses). Sin demrito de las razones en su contra, el autor del presente artculo considera qua hay razones, legales y constitucionales, que avalaran tal posibilidad de tan extensa prrroga, mientras dure la pandemia.

La incidencia social de la pandemia del COVID 19, su magnitud y persistencia, han impregnado profundamente la vida de los ciudadanos espaoles y el funcionamiento de nuestras Instituciones, examinando, no solo la eficacia de las autoridades que han gestionado la crisis sanitaria, sino tambin la calidad del sanitario y el estado de salud de nuestro estado de derecho.

El entorno penitenciario no ha sido ajeno a esta coyuntura y la ha sufrido en todas sus vertientes. El contagio y amenaza del virus a internos y funcionarios —como no poda ser de otra manera— y, ms especficamente, en medidas tanto regimentales como de tratamiento orientadas a minimizar el impacto de la pandemia en los Centros Penitenciarios.

Pretendemos hacer un somero anlisis sobre la repercusin de las iniciativas legislativas generales en esta materia y, por otra parte, reflexionar sobre las decisiones normativas especficas destinadas a incidir en el cumplimiento de las penas privativas de libertad.

El Derecho laboral concursal, es decir, cada uno de los aspectos jurdico laborales que pueden surgir a consecuencia de la declaracin de un concurso de acreedores, se ha visto notablemente afectado por el nuevo TRLC. Cuestiones tales como el procedimiento de regulacin de empleo, la clasificacin y pago de crditos laborales o el incidente concursal laboral, y, especialmente, los efectos laborales de la venta de la unidad productiva, requieren un nuevo estudio al que intentar aproximarme con unas breves notas.

La Ley Orgnica 1/2015, de 30 de marzo, reform los delitos de homicidio y asesinato introduciendo importantes modificaciones. En el presente dossier se analiza la jurisprudencia recaida sobre el delito de asesinato tras la citada reforma realizando una serie de consideraciones sobre el alcance y mbito de la reforma de 2015 y la nueva sistematizacin de los tipos del delito de asesinato.

Se examinan en este texto los aspectos ms importantes de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unin europea (Gran Sala) de 6 de octubre de 2020, en los asuntos La Quadrature du Net y otros, C-511/18, C-512/18 y C-520/18, EU:C:2020:791 y cmo pueden incidir en la investigacin penal en el sistema espaol.

Basndose la denuncia en que el ciudadano se encontraba a ms de un kilmetro de su domicilio, este extremo no se ha llegado a probar, adems de que la norma no concreta qu debe entenderse por “paseos cortos para cubrir necesidades fisiolgicas”, a diferencia de otras conductas permitidas que s fueron objeto de mayor precisin, como el paseo con nios, que se admiti siempre que no excediera del kilmetro del domicilio.

El instructor de vuelo habilitado con la correspondiente licencia y en funciones docentes al tiempo de producirse el accidente ostenta la condicin de tripulante de la avioneta, no de ocupante o pasajero.

La no comparecencia de la parte conlleva al desistimiento del recurso, equiparndose los supuestos de total y absoluta incomparecencia con los casos de comparecencia no vlida o defectuosa, sin que ello provoque indefensin.

El Tribunal europeo especifica que se debe analizar y valorar la particular situacin, el tipo de delito cometido, el peligro que representa eventualmente para el orden pblico o la seguridad pblica, la duracin de su residencia en el territorio del mismo Estado miembro y a la existencia de vnculos con este ltimo.

La Direccin General de Seguridad Jurdica y Fe Pblica (DGRN), nos recuerda en una resolucin que la constancia de una direccin de correo electrnico del garante es un requisito para la inscripcin de la escritura. Y ello aunque la LCCI nos hable tan solo del correo electrnico del prestatario.

El ejecutivo aprueba subidas de impuestos y rcord de gasto social

Se analizan los eventuales supuestos de responsabilidad de las distintas administraciones por los contagios de empleados pblicos que se hayan podido derivar de errores cometidos en la gestin de la crisis sanitaria.

La Sala de lo Contencioso seala que hay derechos polticos o econmicos ligados a la condicin de concejal y derivados del mandato representativo otorgado por electores.

Las pensiones y el salario de los funcionarios crecer un 0,9%, el IPREM subir un 5% y la partida destinada a Educacin crecer ms de un 70%.

La Comisin de Trabajo, Inclusin, Seguridad Social y Migraciones del Congreso ha reclamado cambios legales y ms medios humanos y materiales en la Inspeccin de Trabajo para evitar la utilizacin de falsos autnomos en relaciones laborales.