Posiblemente pocas instituciones procesales han tenido un tránsito tan vital como el que es posible apreciar en la ilicitud de la prueba. Reconocida por primera vez en 1984 y tras transitar por la ley orgánica del Poder Judicial y la ley de enjuiciamiento civil, en 2019 ingresa en el juicio ponderativo del tribunal in casu tras dejar atrás su amparo en el Tribunal Constitucional.

La normativa en protección de datos ha cambiado. El impulso dado por las modificaciones en el ámbito europeo ha dado lugar a dos leyes orgánicas que resultan claves en el medio penitenciario. Repasar sus efectos directos e indirectos nos da una breve idea de la complejidad de esta materia en el medio específico que tratamos.

Se analiza la figura del Conflicto Colectivo, encuadrable en el orden jurídico laboral o social, como aquél procedimiento relativo a los intereses de un conjunto de trabajadores o colectivo susceptible de individualización en los casos en que la empresa a la que pertenecen lleve a cabo un acto o un acuerdo que se considera contrario a dichos intereses, englobando actos sobre convenios colectivos, normas aplicables a la relación laboral, suspensiones de contratos, movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de trabajo, entre otras.

La reclamación de la persona trabajadora, de manera informal —mediante whatsapp y comunicación verbal al empresario— ad intra —al propio empresario— de derechos laborales, es indicio de vulneración de la garantía de indemnidad, de forma que si el empresario no puede acreditar la causa del despido disciplinario, éste debe ser declarado nulo por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad. Para que exista indicio es relevante que el despido acontezca inmediatamente después de la reclamación, sin que sea necesario que la persona trabajadora anuncie que emprenderá acciones legales para reclamar el derecho, ya que lo importante son los hechos anteriores —reclamación informal— y no que, a posteriori, se presente demanda judicial.

Los primeros meses de aplicación del procedimiento especial de insolvencia de microempresas, regulado en el libro tercero del Texto Refundido de la Ley Concursal no están siendo fáciles. A los problemas de la tecnología vinculada a la puesta en marcha de este procedimiento, se añaden problemas interpretativos de la nueva regulación. Los autores del presente artículo abordan dos de ellos: el alcance de la sujeción «exclusiva» de las microempresas al libro tercero, y el debate sobre situaciones de microempresas insolventes «sin masa». Con respecto a este último, plantean objeciones a la aplicación supletoria de las reglas del concurso sin masa en el procedimiento de microempresas, así como la posible aplicación de la regulación de los concursos sin masa por falta de requisitos del deudor para ser considerado microempresa.

La revista LA LEY Penal le ofrece en su último número publicado el completo análisis realizado por Abrahám Devís Matamoros sobre la agravación del tipo básico de los delitos de homicidio y asesinato en los supuestos en que la muerte dolosa se ocasionara a menor de dieciséis años o persona especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad.

Es un derecho individual cuyo ejercicio depende de la iniciativa del funcionario, incluso cuando opte por acudir a profesionales de su elección o en caso de que exista conflicto de intereses.

En una previsión razonable y ponderada de las circunstancias, podía ocurrir que el vuelo de regreso se viera afectado por un posible cierre de fronteras a consecuencia de la pandemia por Covid-19, con la consiguiente imposibilidad regresar a España, o que hubiera sido cancelado unilateralmente por la compañía aérea, por lo que ha de concluirse que el desistimiento formulado por los actores se amparaba en una causa justificada.

Se apartó la Administración de las deseables pautas que se debían seguir para la declaración de desamparo que solo procede cuando la gravedad de la situación y la falta de colaboración de los padres es tal, que la única forma de garantizar la seguridad del menor es separarlo de su familia y asumir la tutela provisionalmente desde la Administración Pública.

El trabajador no ha logrado demostrar que la contrajera la ludopatía por ser vendedor de la ONCE, sino más bien por otras circunstancias, aunque su profesión pueda incidir en su recuperación, pero de ninguna manera puede ser la causa que la provocó.

No hay razón objetiva para mantener una diferencia de trato respecto a las familias biparentales cuando se trata de un colectivo que tiene mayores dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.

El órgano que como experiencia piloto nacional protege a los/as menores víctimas de delito practica la primera prueba preconstituida con un niño o niña que declara desde su casa. La prueba evita que tenga que asistir al juicio oral. El sistema monitoriza la frecuencia cardiaca y el nivel de estrés mientras se practica la prueba.

La DAC 6 es la Directiva europea que regula la obligación de información sobre mecanismos transfronterizos. AEDAF trasladará la medida a la Audiencia Nacional para que suspenda la Orden Ministerial que desarrolla los modelos tributarios relacionados con esta Directiva.

Las resoluciones han supuesto al menos 74 excarcelaciones

Se confirma por quinto año consecutivo el elevado número de asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General: Estado de Derecho, medioambiente, protección de la vida privada en la era digital, etc. y por las medidas restrictivas adoptadas por la Unión Europea en el marco de la guerra de Ucrania.

Según la abogada general los Estados miembros están obligados a no autorizar un proyecto que pueda causar deterioro en la calidad de una masa de agua. La aprobación de un proyecto solo es posible cuando su ejecución no afecte negativamente a la calidad del agua potable suministrada a los habitantes de la zona en cuestión. Es la primera vez que el Tribunal interpreta la Directiva Marco sobre Aguas.

Frente a la concepción comúnmente extendida que la tecnología es «objetiva» y carece de los sesgos o prejuicios que los humanos puedan tener en base a su ideología, raza, sexo o características personales, en este trabajo trataremos de argumentar que la neutralidad tecnológica no es más que una ilusión que queda desmentida desde la misma instancia del diseño. Para ello, analizaremos el empleo de algoritmos en el marco de las relaciones entre las entidades financieras y sus clientes y demostraremos que la tecnología, per se (y no sólo el uso que hacemos de ella), puede llegar a tener un impacto adverso en los derechos y libertades del individuo y, por tanto, que su diseño debe ser regulado y supervisado por las autoridades, como ponen de manifiesto iniciativas como la Propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial.

El Comité considera que los Principios del nuevo marco de privacidad de datos son, en gran medida, los mismos que los del anterior Privacy Shield, por lo que algunas cuestiones preocupantes del mismo, como las referidas a los derechos de los interesados, la ausencia de definiciones clave, la falta de claridad en relación con la aplicación de sus principios a los encargados del tratamiento, y la amplia exención de la información a disposición del público, siguen siendo válidas.

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