Los derechos de las personas privadas de libertad en el ámbito artístico

Eugenio Arribas López

Doctor en Derecho. Diplomado Superior en Criminología

El arte, lo artístico, como manifestación de la actividad humana a través de la que se interpreta lo real o se plasma lo imaginado, está plenamente presente en el ámbito de la reclusión. De esa presencia y su garantía se hacen eco las normas jurídicas reguladoras de la privación de libertad, si bien, como se concluye en este trabajo, la resonancia normativa es mucho más evidente en la legislación constitucional y penitenciaria española que en las normas penitenciarias supranacionales.

Régimen de ineficacia contractual en materia de discapacidad: actos realizados por el curador sin autorización judicial (287 CC) y contratos celebrados sin medidas de apoyo (1302.3 CC)

Adrián Gómez Linacero

Letrado de la Administración de Justicia

El nuevo sistema institucional de discapacidad fruto de la profunda reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, regula con énfasis los aspectos personales de las medidas de apoyo, obviando, entre otras, la inmejorable oportunidad de delimitar sin fisuras el tipo de ineficacia aplicable a los actos tipificados en el art. 287 CC realizados por el curador representativo sin autorización judicial.

Se sigue debatiendo, por tanto, como con el anterior art. 271 CC, y en la misma línea que con el vigente art. 166 CC, que tipo de ineficacia (nulidad, anulabilidad, inexistencia o negocio por cuenta de otro) resulta de prescindir de autorización judicial, así como de la viabilidad de dejar sin efecto el art. 287 CC mediante declaración notarial del afectado en el otorgamiento de medidas voluntarias o constitución de autocuratela.

Por último, se aprovecha el artículo para abordar el régimen anulatorio instaurado por la citada reforma para aquellos contratos celebrados por la persona con discapacidad sin contar con las medidas de apoyo que tuviere establecidas, cuando éstas fueren necesarias, ahondando en sus requisitos, plazo y efectos y en su aplicación analógica para personas con discapacidad natural sin medidas de apoyo formalizadas.

Los plazos de la instrucción penal. Interpretación y alcance del artículo 324 de la LECRIM tras la Ley 2/2020, de 27 de julio

Manuel González Chinchilla

Colegiado número 7599 del Ilustre Colegio de Abogados de Granada

Las leyes 41/2015, de 5 de octubre, y la 2/2020 de 27 de julio, han supuesto un cambio significativo respecto al control de la tramitación de las causas penales, fijando una duración máxima para su instrucción. La ambición y las consecuencias procesales de la reforma han suscitado numerosas dificultades interpretativas, sobre todo, en cuanto a su alcance sobre los derechos de los investigados. El objeto del presente artículo es el estudio crítico de la doctrina jurisprudencial emanada sobre la cuestión, y la determinación de los efectos que ha pretendido el legislador con sendas reformas.

Efren Borrajo Dacruz, In gratus memoriam

Carlos Fernández Hernández

Ha fallecido Efrén Borrajo Dacruz, el querido profesor Efrén Borrajo, para todos los que tuvimos la suerte de tratarle a lo largo de su muy dilatada carrera profesional.

El apoderamiento de un dominio de internet de una asociación religiosa no es delito de apropiación indebida

El Supremo absuelve a los acusados porque entiende que un nombre de dominio, aunque posea valor económico, no es un activo empresarial susceptible de apropiación, y, además, porque los actos se produjeron cuando todavía eran miembros de la asociación.

El fallecimiento de un médico por el Covid debe calificarse como accidente cubierto por el seguro suscrito

La póliza definía como accidente "las inoculaciones infecciosas que sufran los profesionales en el ejercicio de su profesión". El contagio por Covid que sufrió el fallecido fue debido necesariamente a la introducción en su organismo de aire aspirado como sustancia que contenía el virus, lo que se incardina en el riesgo cubierto.

Validez del acuerdo de otorgamiento de poderes generales a todos los miembros del consejo de administración

No constituye una delegación de facultades del consejo de administración o una atribución de funciones ejecutivas que exija el cumplimiento de los requisitos previstos en los apartados 2.º y 3.º del art. 249 de la Ley de Sociedades de Capital.

Un juez condena al FOGASA a pagar a una empleada doméstica las deudas de su empleador porque entiende que la norma es discriminatoria

Si el Fondo debe responder por insolvencia empresarial en la mayoría de los supuestos, no está justificada la exclusión de este colectivo compuesto en un 95% por mujeres. Su falta de cotización no puede impedir el cobro máxime teniendo en cuenta que a los extranjeros sin autorización para trabajar se les dan prestaciones por IT.

El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, pone punto y final al Open de Arbitraje 2022

Entre otros muchos asuntos, el Open de Arbitraje ha presentado internacionalmente la radiografía de la litigiosidad provocada por la guerra de Ucrania. Se prevé un incremento de procesos provocados por la Guerra de hasta el 20 por ciento. Los expertos reunidos en Madrid aconsejan a las empresas buscar acuerdos para reducir las pérdidas provocadas por la guerra.

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Día de Europa: descubra cómo lucha el BEI contra el cambio climático en España a través de su experiencia única en vídeo de 360°

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Tabla comparativa de novedades introducidas por la Ley 8/2022, de 4 de mayo, que modifica la Ley de depósito legal y la Ley reguladora de la Biblioteca Nacional.

Elementos que conforman la base imponible del ICIO liquidado por la ampliación de una instalación industrial

La inclusión de una determinada partida de maquinaria o instalaciones en la base imponible del ICIO exige su integración en la unidad de obra de que se trate y que sirva para proveer a la construcción, instalación u obra de servicios esenciales para su habitabilidad o utilización.

La Abogacía reclama la suspensión de procedimientos por enfermedad del abogado

El Consejo General de la Abogacía ha pedido a los diferentes grupos parlamentarios que en el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal se contemple la enfermedad del profesional de la abogacía como una causa para la suspensión de vistas y procedimientos.

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Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la UE, aunque las sentencias dictadas coinciden en la gran mayoría de los casos con la línea marcada por estos dictámenes.